Juliana Guerrero, designada para asumir un cargo directivo en el Ministerio de Igualdad, enfrenta un panorama complicado tras revelarse que su título profesional fue anulado por presuntas irregularidades académicas. La situación ha generado un fuerte debate en torno a su idoneidad para ocupar un cargo público de alto nivel, en especial en una cartera que busca consolidar políticas sociales con enfoque de equidad.
De acuerdo con documentos judiciales, la anulación de su título estaría vinculada a inconsistencias detectadas en el proceso de homologación de estudios realizados en el exterior. Esta decisión abre un boquete en su hoja de vida y plantea interrogantes sobre los filtros que deben superar los aspirantes a cargos estratégicos dentro del gobierno.
Procesos judiciales
A la controversia académica se suma que Guerrero enfrenta procesos penales relacionados con presuntas irregularidades administrativas en su paso por otras instituciones públicas. Las investigaciones, aún en etapa preliminar, apuntan a posibles actos de corrupción en contratos de consultoría y manejo de recursos. Aunque la funcionaria ha defendido su inocencia y ha sostenido que todo responde a persecuciones políticas, la existencia de expedientes abiertos complica su llegada al Ministerio de Igualdad.
Las denuncias en su contra han sido elevadas ante entes de control, que estudian posibles sanciones disciplinarias y eventuales responsabilidades fiscales. En el Congreso, algunos sectores han pedido claridad absoluta sobre la situación, al considerar que el nombramiento podría afectar la credibilidad de una cartera que se encuentra en consolidación y cuya misión es atender a poblaciones históricamente vulneradas.
Futuro incierto
La polémica se ha convertido en un tema nacional, con voces que exigen que el Ejecutivo reconsidere la designación mientras no se esclarezcan los procesos. Organizaciones sociales y de derechos humanos, que inicialmente respaldaron su nombramiento, han manifestado preocupación y solicitan transparencia en el manejo del caso.
Mientras tanto, Guerrero insiste en que continuará defendiendo su trayectoria y apelará las decisiones judiciales relacionadas con su título profesional. Sin embargo, el futuro de su nombramiento queda supeditado a lo que determinen los jueces y entes de control en las próximas semanas.
Este episodio refleja los desafíos que enfrenta el gobierno en materia de selección de altos funcionarios, especialmente cuando la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en un punto crítico.
