En una decisión que genera un impacto significativo en la política regional, la Procuraduría Regional del Meta confirmó la suspensión sin remuneración del diputado Carlos Andrés Collazos Silva, perteneciente al partido de la U, por un período de tres meses. La medida se deriva de su presunta desobediencia frente a un fallo judicial que le imposibilita continuar en su cargo.
Argumento
El principal argumento del Ministerio Público radica en la sentencia emitida por el Consejo de Estado el pasado 3 de diciembre de 2024, en la que se declaró la pérdida de investidura de Collazos Silva debido a hechos ocurridos durante su ejercicio como concejal de Villavicencio. Según este fallo, el diputado incurrió en actos que generan una inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.
A pesar de la claridad de la sentencia del Consejo de Estado, Collazos Silva continuó ejerciendo como diputado, lo que, según la Procuraduría Regional, representa una burla a la decisión del máximo tribunal del contencioso administrativo. La institución argumentó que esta situación ha generado incertidumbre en la comunidad sobre el respeto a los principios democráticos y la buena marcha del servicio público.
Obligación
La Procuraduría subrayó que la suspensión debe ser acatada de manera inmediata y que contra esta decisión no procede recurso alguno. Además, se confirmó que las partes interesadas, incluida la Asamblea del Meta, ya fueron notificadas sobre la medida.
El pronunciamiento también enfatiza que Collazos Silva debió haberse separado de su cargo de manera voluntaria al conocer el fallo del Consejo de Estado. Su negativa a hacerlo fue calificada como una falta de responsabilidad frente a las instituciones del Estado y como un incumplimiento flagrante de los deberes de un servidor público.
Cuestionamientos
La suspensión de Collazos Silva ha generado diversas reacciones en la región. Algunos sectores ven en esta decisión una acción necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas y la preservación de la transparencia en el ejercicio político, mientras que otros consideran que este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control frente a quienes ocupan cargos de elección popular.
Además, la situación ha abierto un debate sobre la legitimidad del diputado al permanecer en el cargo tras la sentencia en su contra, cuestionando si su actuación no solo afectó la credibilidad de las instituciones, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
Por ahora, la Asamblea del Meta deberá implementar la suspensión y garantizar que se cumpla con lo establecido por las autoridades competentes. Este caso sienta un precedente importante sobre la obligación de los funcionarios públicos de respetar y acatar las decisiones judiciales, consolidando así el principio de responsabilidad en la gestión pública.
