Redacción EXTRA
El alcalde de Yotoco, Luis Mario Valens Bedoya, quedó en el centro del debate
político regional luego de que la Procuraduría General de la Nación le formulara
cargos por presuntas irregularidades en procesos contractuales ejecutados
durante 2024. La actuación disciplinaria abre un nuevo capítulo de controversia
sobre su administración.
La investigación disciplinaria, adelantada por la Procuraduría Provincial de
Instrucción de Buga, sostiene que el alcalde habría utilizado de forma inadecuada
la figura de calamidad pública y urgencia manifiesta para justificar tres contratos.
Según el órgano de control, los hechos expuestos por la administración no
cumplirían los criterios de gravedad.
El proceso disciplinario se sustenta, además, en el presunto desconocimiento de
la normatividad que regula la declaratoria de urgencia manifiesta, lo cual habría
derivado en un concepto desfavorable emitido por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca. Este señalamiento profundiza las críticas frente al manejo
administrativo del municipio y abre el camino para posibles sanciones.
Para el Ministerio Público, la conducta del funcionario podría vulnerar principios
fundamentales como la planeación, la necesidad y la selección objetiva, pilares
esenciales en la contratación estatal. En ese sentido, se advierte que la decisión
de acudir a procedimientos excepcionales sin sustento técnico afectaría la
transparencia frente a la ciudadanía.
De manera provisional, la Procuraduría calificó la falta como gravísima,
presuntamente cometida a título de culpa grave. Esta clasificación refleja la
seriedad con la que el ente de control está analizando el caso, lo que podría
derivar en sanciones que incluso pondrían en riesgo la continuidad del alcalde en
su cargo. Analistas políticos consideran que el proceso disciplinario tendrá
repercusiones directas en las alianzas y apoyos institucionales que sostienen su
administración.
Mientras avanza la investigación, distintos sectores sociales y políticos del
municipio hacen un llamado a la transparencia y al respeto de los procedimientos
legales. Algunos líderes comunitarios exigen que se esclarezcan los hechos con
prontitud, mientras que aliados del alcalde piden no anticipar juicios antes de que
la Procuraduría concluya su evaluación.
