La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos contra el alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, tras conocerse presuntas conductas de violencia de género en el ámbito familiar. Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, los hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024, tanto en la residencia del mandatario como en su despacho oficial.
De acuerdo con el Ministerio Público, Pineda Rodríguez habría ejercido violencia física, verbal, psicológica y económica de manera continua contra su esposa, aprovechando su cargo como máxima autoridad municipal para intimidarla y someterla. La situación habría generado en la víctima un estado de temor y zozobra, lo que la llevó a desplazarse a la Casa de la Mujer en Bogotá, donde recibió atención especializada.
El órgano de control enfatizó que este comportamiento se encuentra en abierta contradicción con las obligaciones de un servidor público, especialmente de quien ocupa la alcaldía, ya que se espera que promueva la convivencia familiar y el respeto hacia los derechos de las mujeres.
Violencia institucional
La Procuraduría calificó la conducta atribuida a Pineda Rodríguez como una falta gravísima cometida a título de dolo, lo que implica la apertura de un proceso disciplinario en su contra. Según el pliego de cargos, el alcalde habría utilizado su investidura para humillar y controlar a su compañera permanente, evidenciando un abuso de poder que excede el ámbito privado y adquiere tintes de interés público.
Expertos en derecho disciplinario señalan que casos como este no solo afectan a la víctima directa, sino que también deterioran la confianza ciudadana en las instituciones y en quienes están llamados a garantizar la legalidad y los principios éticos de la administración pública. “Cuando un alcalde no respeta las normas básicas de convivencia y protección de la mujer, envía un mensaje muy peligroso sobre la tolerancia de la violencia en la sociedad”, aseguró un analista judicial de la región.
Crítica pública
El caso ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad moral y ética de quienes ostentan cargos públicos. La Procuraduría recordó que un alcalde debe rechazar toda forma de violencia basada en género y actuar como modelo de convivencia familiar, alineando sus valores personales con los que promueve públicamente.
Organizaciones de derechos de las mujeres en Huila han exigido que el proceso disciplinario avance con celeridad y que se impongan sanciones ejemplares si se confirma la veracidad de los cargos. “No puede haber impunidad cuando la violencia se ejerce desde el poder; la ley debe ser rigurosa sin importar la investidura de quien la infringe”, señaló una vocera regional.
Por ahora, el proceso sigue su curso y se espera que la Procuraduría determine las sanciones correspondientes. La situación deja en evidencia la tensión entre la vida privada y la responsabilidad pública, recordando que la ética y la autoridad deben caminar siempre de la mano, y que ningún cargo puede servir como escudo para vulnerar derechos fundamentales.
