Una persona privada de la libertad le cuesta al Estado cerca de 24 millones de pesos al año, sin que el sistema garantice procesos efectivos de resocialización. Así lo advirtió el congresista huilense JULIO CÉSAR TRIANA, del partido Cambio Radical, en medio del debate nacional sobre el hacinamiento carcelario y la crisis estructural del sistema penitenciario.
El dirigente fue enfático en señalar que las cárceles, lejos de cumplir su función constitucional de resocializar, se han convertido en verdaderas “fábricas del crimen”, donde se fortalecen estructuras delictivas y se reproducen conductas ilegales. Según indicó, el modelo actual no solo resulta ineficiente, sino también costoso para el Estado, sin ofrecer resultados reales en la reducción de la reincidencia.
Triana cuestionó la forma en que se están destinando los recursos públicos a un sistema que, a su juicio, no está cumpliendo con su propósito. Además, advirtió que el hacinamiento carcelario agrava las condiciones de vida de los internos, limita el acceso a programas de formación y dificulta cualquier intento de reintegración social efectiva.
En ese sentido, el congresista planteó la necesidad urgente de una reforma estructural al sistema penitenciario colombiano, proponiendo un enfoque productivo y rural que permita a las personas privadas de la libertad desarrollar habilidades laborales y generar oportunidades reales de inclusión.
Finalmente, insistió en que el país debe avanzar hacia un modelo que priorice la resocialización y reduzca la reincidencia, garantizando así mayor seguridad para la sociedad.
