En las últimas horas se conoció acerca del proceso de judicialización llevado a cabo en contra de dos hombres identificados como Juan Camilo Salazar y Jank Carlos Segura como los presuntos responsables por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, razón por la cual un juez de control de garantías les impuso al primero de ellos una medida de aseguramiento carcelaria entre tanto se determina su participación por los cargos que se les acusa y a Segura casa por cárcel.
Aparentemente los hechos se registraron cuando estas dos personas fueron requeridas por soldados del Ejército Nacional, quienes habían instalado un retén en inmediaciones de la vereda El Gualtal en la vía que comunica al municipio de Tumaco con la capital nariñense, Pasto, con el fin de adelantar requisas a los vehículos que transitaban por la zona.
Teniendo en cuenta lo anterior en el instante que fueron requeridos por los uniformados, Salazar Angulo se identificó como conductor del alcalde de Tumaco quien hace parte de la Unidad Nacional de Protección(UNP), entidad a la que además estaría adscrito el automotor involucrado. En desarrollo de la inspección al baúl del automotor fueron encontrados 12 bultos de detergente, según lo dicho por los implicados, los cuales iban a ser donados a un centro de salud y a su vez se encontraron 28 cajas que contenían 1.400 cartuchos calibre 9 mm.
Es de recalcar que en una primera instancia el director de la Policía Nacional general William Salamanca entregó detalles del hallazgo de 1400 cartuchos 9 mm entre otros elementos en el vehículo de la UNP asignado al esquema de seguridad del alcalde de Tumaco Félix Henao de los cuales se presume estas dos personas no tenían los documentos de legalidad para su porte por lo cual fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente.
En desarrollo de las audiencias la Unidad Nacional de Protección se hizo parte del proceso judicial, en calidad de víctima, esto teniendo en cuenta que el automotor al parecer fue usado para la comisión de este tipo de delitos aun cuando son destinados por la entidad para la protección de personas.
El juez determinó medida en centro carcelario para el funcionario de la UNP y detención domiciliaria para el funcionario de la alcaldía que se movilizaba con él en el vehículo.
