Sergio Bazzani Afanador fue condenado por abuso sexual contra una menor
La ciudad de Ibagué vuelve a ser epicentro de un escándalo judicial que involucra al abogado Sergio Bazzani Afanador, quien fue hallado culpable por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. El fallo fue emitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento, en medio de un proceso que ha generado atención nacional.
El profesional de derecho, oriundo de la capital tolimense, fue capturado en Italia en 2023 tras permanecer prófugo. Según el expediente, los hechos ocurrieron en Ibagué y la víctima sería una niña cercana a su entorno familiar. La Fiscalía había solicitado condena por acceso carnal abusivo agravado, pero el togado lo absolvió de ese cargo específico.
La lectura oficial del fallo quedó programada para el viernes 28 de noviembre a las 2:00 p.m. Mientras tanto, el implicado permanece bajo detención preventiva. El caso ha sido seguido de cerca por medios locales, organismos de control y sectores que exigen justicia para las víctimas de violencia sexual.
Antes de ser recapturado, Bazzani había recuperado su libertad en Colombia gracias a una decisión judicial que fue duramente cuestionada. Tras salir del país, se refugió en Europa, donde finalmente fue localizado y detenido. Su regreso a Colombia se dio bajo custodia, y desde entonces enfrenta dos procesos penales por hechos similares.
Actualmente, el segundo caso se encuentra en etapa de juicio en Ibagué. Una vez finalice la práctica de pruebas, se conocerá el sentido del fallo. La situación ha reactivado el debate sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional frente a delitos sexuales.
La capital tolimense se convierte nuevamente en escenario de una condena que sacude la opinión pública. El nombre del abogado, su perfil profesional y la gravedad de los cargos han generado indignación entre sectores ciudadanos y defensores de derechos humanos.
El entorno judicial de Ibagué permanece en alerta ante la posibilidad de nuevas revelaciones en el caso, mientras familiares de la víctima insisten en que se garantice justicia integral. Voces ciudadanas han solicitado que se revisen los protocolos de seguimiento a agresores sexuales y se refuercen las medidas de protección a menores en entornos familiares. La presión social crece, y se espera que las autoridades actúen con celeridad para evitar que hechos similares queden impunes o se repitan en el futuro.
