La ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca (Colombia), se vio nuevamente conmocionada al darse a conocer un caso de extrema gravedad: una mujer fue enviada a la cárcel tras ser procesada por la Fiscalía General de la Nación (FGN) por presuntos abusos sexuales reiterados en contra de su propia hija, de tan solo seis años.
Hechos investigados
De acuerdo con los informes oficiales, la investigación determinó que la procesada, cuya identidad no ha sido divulgada, presuntamente cometió múltiples vejámenes sexuales contra la menor en el domicilio familiar entre el año 2024 y junio de 2025.
El caso fue descubierto gracias al padre de la niña, quien, al revisar un teléfono móvil en el que detectó material explícito, alertó a las autoridades. Tras el reporte, la Fiscalía, mediante la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cali, desarrolló las diligencias necesarias.
Durante los allanamientos, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos en poder de la procesada en los que identificaron al menos 13 grabaciones fílmicas que documentarían los abusos reiterados sufridos por la menor.
Adicionalmente, la Fiscalía señala que parte de ese material no solo era almacenado, sino que habría sido comercializado, lo cual añade un agravante en la investigación.
Procedimiento judicial
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a la mujer los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.
En audiencia concentrada, la procesada no aceptó los cargos, y el juez de control de garantías, con base en la evidencia presentada, le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, es decir prisión preventiva mientras la investigación avanza.
Contexto social y repercusiones
Este caso ha generado fuerte rechazo y alarma social, pues involucra la violación de un vínculo de especial protección: el de madre-hija, lo que lo hace aún más gravísimo. La normativa colombiana prevé sanciones muy severas para los abusos sexuales contra menores, especialmente cuando hay relación de custodia o dependencia, o cuando medios electrónicos se utilizan para registrar o difundir los hechos.
Organizaciones de protección de la infancia recuerdan que muchos casos de violencia sexual en menores ocurren en el entorno familiar o de confianza, y que la detección temprana es clave para prevenir daños irreparables. En este sentido, la actuación del padre al acudir a las autoridades fue determinante en este caso.
Qué sigue en el proceso
La investigación continúa para determinar todos los elementos de responsabilidad penal de la acusada, la magnitud de la comercialización del material audiovisual, así como posibles otras personas implicadas en la distribución. Una vez culminada la etapa de investigación y acumulada la prueba, la Fiscalía podrá solicitar ante un juez la apertura de juicio oral y la imposición de la condena que corresponda. Según la gravedad de los hechos y el escandaloso mecanismo de explotación de material, la sanción podría superar los 30 años de prisión.
Llamado a la protección de la niñez
Este tipo de delitos subrayan la urgencia de fortalecer los canales de denuncia, la protección de la infancia en entornos domésticos y la vigilancia del uso de dispositivos electrónicos en contextos de vulnerabilidad. Las autoridades han reiterado la invitación a denunciar cualquier sospecha de violencia sexual contra menores a las líneas oficiales de atención.
