Una comunidad de firmante de paz, que llevaba más de siete años en el ETCR de Miravalle, Caquetá, fue desplazada en las últimas horas tras las amenazas de criminales pertenecientes al Estado Mayor Central.
“La razón de esta decisión es la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de 7 años, está de regreso en nuestros territorios. Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”, informaron los firmantes en un comunicado.
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En el ETCR, los desmovilizados habían sacado adelante “Caguán expeditions”, un proyecto turístico que habría traído más de 3 mil visitantes a la región del Caquetá y que generaba desarrollo económico a las comunidades.
“Lamentamos y nos cuesta entender este salto al pasado, esta estrepitosa incapacidad e indolencia de los actores por detener la guerra y no involucrar ni someter a las comunidades, líderes y procesos comunitarios que con grandes esfuerzos navegamos contra corrientes”, señalaron.
Esta problemática deja directamente afectada a cerca de 300 personas que vivían en este sector del Caquetá, donde nació el Club Deportivo de rafting “Remando por la Paz” que logró representar a Colombia en los mundiales de rafting en Australia 2019 e Italia 2023, como también participó en campeonatos nacionales, alcanzando en mayo el reciente subcampeonato y la clasificación al Panamericano de Rafting en Pucón, Chile en las categorías mixto, femenino y para-rafting.
La comunidad de Miravalle, en la Zona de Reserva Campesina del río Pato y valle de Balsillas, se ve forzada a salir de su territorio debido a las amenazas por el EMC y la Segunda Marquetalia. pic.twitter.com/Cg34ODkjuh
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) June 27, 2024
Ante esta situación, las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Juan Manuel Santos, mediante su cuenta de X, instó al Gobierno de Gustavo Petro a implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016.
“Lo que está sucediendo en Miravalle, Caquetá, con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, expresó Santos.
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El partido político Comunes también se manifestó en redes sociales, destacando que los firmantes de Miravalle son nuevas víctimas del conflicto: “Aunque algunos se aferren a la guerra: ‘¡No vamos a desistir!’ Es muy doloroso tener que dar esta noticia: Los y las firmantes de paz de Miravalle, San Vicente del Caguán son las nuevas víctimas de desplazamiento forzado de quienes nunca entendieron que no hay nada más revolucionario que darle fin a la guerra”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció a través de la red social X, al enfatizar la obligación del Gobierno de ofrecer garantías a los firmantes de paz.
“Este es un hecho de suma gravedad. Todas las disidencias tienen que comprometerse a respetar a los firmantes de paz y sus proyectos de vida en la legalidad. También el Gobierno Nacional está obligado a cumplir y a hacer cumplir esos acuerdos”, afirmó Velásquez.




