Capturaron en Popayán a funcionario de la Fiscalía

Luis Rodríguez adscrito al Grupo de Apoyo, al parecer, exigió dinero a cambio de ocultar elementos probatorios.
Suministrada.
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En labores contra los actos de corrupción, fue capturado el servidor de la Fiscalía Luis Eduardo Rodríguez Ocaña, adscrito al Grupo de Apoyo a la Gestión, quien se desempeñaba como coordinador de la Ventanilla Única de la Seccional Cauca, ubicada en la calle 3 con carrera 2 de La Pamba de Popayán.

Según lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación: “un juez penal promiscuo con control de garantías del municipio de Silvia, oriente del Cauca, acogió la solicitud de un fiscal de la Estructura de Apoyo y privó de la libertad con medida de aseguramiento en lugar de residencia a Luis Eduardo Rodríguez Ocaña, quien fue imputado como presunto responsable del delito de concusión”.

Del mismo modo, dieron a conocer que: “de acuerdo con la investigación, el 20 de enero de 2022 el asegurado, presuntamente, exigió dinero a cambio de ocultar o destruir elementos de una denuncia penal, el señalado habría exigido a la víctima el pago de cinco millones de pesos, licor y un teléfono celular. En la declaración juramentada el denunciante le aportó a la Fiscalía grabaciones de sus conversaciones con el asegurado, en las que este hace exigencias de entrega de los elementos para destruir la denuncia”.

Los entes competentes dieron a conocer que las exigencias fueron presentadas durante las audiencias concentradas por el ente investigador como material probatorio para la solicitud de medida de aseguramiento, la detención fue llevada a cabo por investigadores de la Fiscalía luego que un juez penal librara la respectiva orden.

Las leyes colombianas determinan que la concusión se trata de: “el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de 8 a 12 años, al igual que una multa económica e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses”.


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