La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete uniformados de la Policía Nacional, señalados de estar involucrados en diversas irregularidades durante procedimientos realizados en Cúcuta, Norte de Santander.
Los imputados son los subintendentes Audrey Fernando Botía Reyes y José Antonio Suárez Cote, y los patrulleros Cristian Yair Orejuela Moreno, Carlos Enrique Munive Cudris, Luis Daniel Vergara Román, Lizeth Katerine Boada Roa y Olinto Machado García.
Capturas en Huila y otras regiones
Los siete policías fueron detenidos en diferentes regiones del país, destacándose que varios de ellos fueron arrestados en el Huila, mientras que las otras capturas se realizaron en Norte de Santander, Vichada y Bolívar.
“Esta operación se llevó a cabo como parte de la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad y para garantizar que se investiguen y sancionen las irregularidades cometidas por los uniformados”, indicó las autoridades en un comunicado.
Tras las capturas, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centros carcelarios para los procesados, quienes ahora enfrentan serios cargos judiciales.
Imputación de delitos graves
Los siete uniformados fueron imputados por varios delitos graves, entre los que se incluyen concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio, tortura agravada, lesiones personales agravadas y falsedad personal.
Los cargos fueron presentados por una fiscal de la Seccional Norte de Santander, quien detalló las acusaciones y las pruebas que vinculan a los policías con los crímenes. Sin embargo, los imputados no aceptaron los cargos que se les atribuyen. Estos hechos se habrían presentado entre enero de 2023 y junio de 2024, cuando los uniformados estaban adscritos a los CAI de Las Mercedes y Nacional de Cúcuta.
Casos de abuso de poder
Uno de los incidentes más graves investigados fue la captura irregular de un ciudadano, quien fue atado de manos y trasladado a pie por más de cinco cuadras hasta una estación de policía, lo que representa una clara violación de sus derechos humanos.
Este caso fue uno de los puntos clave en la investigación que permitió identificar otras conductas irregulares de los policías implicados. Además, se documentó una extorsión a una persona a quien se le exigió 1.500.000 pesos para evitar que su vehículo fuera inmovilizado.
El automóvil del afectado estaba siendo requerido por una autoridad judicial. El pago parcial de la exigencia económica permitió la devolución de las llaves del vehículo, pero el resto del dinero fue entregado a una patrullera involucrada en el acto.
Extorsión y solicitud irregular de dineros
La investigación también descubrió que los policías procesados habrían participado en la solicitud de dineros de manera ilegal, extorsionando a personas que no presentaban los documentos de propiedad de sus vehículos o que tenían licencias de conducción vencidas. Asimismo, los uniformados habrían aprovechado la situación de vulnerabilidad de extranjeros indocumentados para obtener beneficios económicos de forma ilegal.
