Una adolescente de 17 años, miembro del pueblo emberá, fue víctima de una violenta golpiza en el resguardo Gitó Dokabú, en Pueblo Rico, Risaralda. El ataque, grabado en video, generó una ola de indignación en redes sociales y provocó la inmediata reacción de entidades estatales y autoridades indígenas. Capturan a presuntos agresores de menor indígena emberá en Risaralda.
Los presuntos agresores ya se encuentran capturados. La menor fue trasladada al Chocó, donde recibe atención médica y psicológica especializada bajo protección del ICBF. El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre autonomía indígena y derechos fundamentales de los menores.
Capturan a presuntos responsables; Capturan a presuntos agresores de menor indígena emberá en Risaralda
El gobernador del resguardo Gitó Dokabú, Darío Restrepo, confirmó que las autoridades capturaron a los señalados de cometer el abuso. «La menor ya está con su familia en el Chocó, y los responsables están bajo custodia mientras avanza el proceso judicial», afirmó.
El hecho se investiga con la colaboración entre autoridades judiciales y los órganos de gobierno propio del pueblo emberá. El Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas participan activamente en la atención y seguimiento del caso. La cartera nacional recalcó que el proceso se desarrolla respetando la jurisdicción indígena, pero sin permitir impunidad ante la violencia.
Unidad para las Víctimas y Defensoría del Pueblo se pronuncian con firmeza
La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, Katherine García Ochoa, rechazó lo ocurrido y subrayó los riesgos que enfrentan menores en territorios étnicos. Anunció actividades de sensibilización comunitaria contra la violencia infantil, en articulación con líderes indígenas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que lo sucedido no representa un hecho aislado, sino una manifestación de violencia estructural. «Ninguna tradición cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez», declaró Iris Marín Ortiz, defensora delegada.
Según cifras reveladas por la entidad, entre 2019 y 2024 se han practicado más de 115.000 exámenes médico-legales por delitos contra menores. De ellos, el 13 % pertenecía a comunidades étnicas.
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Violencia estructural: una problemática que trasciende etnias y territorios
El ataque contra la menor emberá puso sobre la mesa un problema estructural: la violencia contra niños y adolescentes en todo el país. Las cifras de Medicina Legal son alarmantes, y los casos no se limitan a contextos indígenas ni rurales.
Organismos de derechos humanos han reiterado la urgencia de reforzar políticas de prevención, protección y justicia efectiva para víctimas menores de edad. Asimismo, pidieron a la sociedad y medios de comunicación evitar discursos que estigmaticen a comunidades indígenas.
La investigación continúa, y las instituciones trabajan para garantizar justicia para la víctima sin vulnerar la autonomía cultural del pueblo emberá.
