El caso, que ha generado indignación en todo el país, ocurrió en medio de una presunta discusión de pareja. El hombre fue capturado por la Policía y deberá responder ante la justicia por los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato animal, conforme a la Ley Ángel.
Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha conmocionado a Colombia. En la mañana de este lunes 6 de julio, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado de lanzar al vacío a la perrita de su pareja sentimental desde un apartamento ubicado en el octavo piso del edificio Majestic II, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.
De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los hechos se habrían presentado durante una discusión entre la pareja. Según la denuncia formulada por la mujer, el hombre no solo habría arrojado al animal por la ventana, sino que también la habría agredido física y verbalmente durante el altercado.
Como consecuencia de la caída, la perrita murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el fuerte impacto contra el suelo.
Rápida reacción de las autoridades
Tras recibir el reporte de lo sucedido, uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos y procedieron con la captura del presunto responsable.
El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes y será presentado ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias preliminares, en las que se definirá su situación jurídica.
Hasta el momento, el capturado no ha sido condenado por estos hechos, por lo que continúa amparado por el principio constitucional de presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal.
La Ley Ángel endureció las sanciones
El caso cobra especial relevancia por la aplicación de la denominada Ley Ángel, una normativa que fortaleció las herramientas legales para investigar y sancionar los delitos de maltrato animal en Colombia.
Esta ley incrementó las penas para quienes ocasionen la muerte o lesiones graves a los animales mediante actos de crueldad, además de establecer mecanismos más eficaces para la atención de estos casos y el fortalecimiento de las investigaciones por parte de las autoridades.
En este proceso, el hombre deberá responder inicialmente por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y maltrato animal, sin perjuicio de las decisiones que adopte la Fiscalía durante la investigación.
El maltrato animal también es un delito
Las autoridades recordaron que en Colombia el maltrato contra los animales no constituye únicamente una falta ética o moral, sino un delito que puede dar lugar a sanciones penales cuando se demuestra la existencia de conductas crueles que causen sufrimiento, lesiones o la muerte de un animal.
Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han insistido en la importancia de denunciar oportunamente cualquier caso de violencia contra mascotas o fauna silvestre, ya que la intervención temprana puede evitar consecuencias irreparables.
Un llamado a denunciar la violencia
Este caso también pone nuevamente sobre la mesa la estrecha relación que, según diversos estudios, puede existir entre el maltrato animal y otras formas de violencia dentro del entorno familiar.
Expertos en violencia intrafamiliar señalan que, en algunos casos, las agresiones contra los animales de compañía son utilizadas como una forma de intimidación, control o afectación emocional hacia otras personas del núcleo familiar.
Por ello, las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia física, psicológica o contra los animales ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las entidades competentes.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso ha generado una profunda indignación entre la ciudadanía y organizaciones animalistas, que exigen una actuación rápida de la justicia. Será el proceso penal el que determine la responsabilidad del capturado, respetando las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que se busca esclarecer plenamente lo ocurrido y aplicar las sanciones previstas por la ley en caso de demostrarse los hechos.
