Tarde de tensión
La tensión volvió a apoderarse del sector de la Universidad Pedagógica Nacional, en la intersección de la calle 72 con carrera 12. Allí, los disturbios se han vuelto recurrentes y han convertido la zozobra en un paisaje habitual. En medio de un operativo para restablecer el orden, las autoridades capturaron a un hombre que lanzaba artefactos explosivos de fabricación artesanal —conocidos como ‘papas bomba’— contra uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
La escena —con gritos, carreras, humo y explosiones— ya no sorprende a los bogotanos. Sin embargo, este caso generó mayor preocupación entre las autoridades por los elementos encontrados y los testimonios del capturado.
El capturado y su testimonio
El hombre fue sorprendido en flagrancia y enfrentará cargos por terrorismo. Llevaba un brazalete con el logo del grupo autodenominado ‘Radical Movimiento Bolivariano’. Sin embargo, negó pertenecer a esa organización y dijo desconocer su ideología.
Según su testimonio, tres días antes de la protesta, un desconocido se le acercó y le ofreció 300.000 pesos a cambio de participar en la manifestación. Aceptó el dinero sin hacer preguntas.
Vínculos con una fundación comunitaria
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que el capturado figura como representante legal de la Fundación ‘Unidad de Procesos al Servicio de la Paz’, ubicada en la localidad de Usme. Esta organización se presenta como una entidad que trabaja en labores sociales y comunitarias.
Imputación y penas posibles
La Fiscalía General de la Nación legalizó su captura y le imputó dos delitos: terrorismo y lanzamiento de objetos peligrosos. Durante la audiencia, el ente acusador solicitó la pena máxima para estos cargos: 30 años de prisión.
Este caso deja interrogantes sobre el uso de personas en contextos de protesta y las posibles conexiones entre fundaciones sociales y grupos radicales. Según el Código Penal colombiano, quienes ejecuten actos destinados a aterrorizar a la población civil pueden enfrentar penas de 20 a 37 años de cárcel, multas de hasta 50.000 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 30 años.
