Estaban exigiendo un monto de 200 millones de pesos para liberar a sus víctimas. La información sobre las personas extorsionadas provenía de los mismos empleados de sus fincas y empresas, quienes conocían de primera mano las finanzas de sus jefes. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, gracias a un operativo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) y la Fiscalía General de la Nación, se lograron importantes capturas e imputaciones por el delito de extorsión agravada.
En total, tres personas fueron capturadas en la localidad de Sumapaz y en la vereda Naveta, en el municipio de Apulo (Cundinamarca), propinando así un fuerte golpe a las finanzas de esta organización criminal. Su modus operandi consistía en citar a las víctimas en zonas rurales de difícil acceso, aprovechando la geografía y las limitadas vías de comunicación para evitar el control de las autoridades.
Tras labores de inteligencia, se descubrió que las amenazas y el constreñimiento se realizaban a través de llamadas telefónicas, mensajes instantáneos, imágenes, videos, notas de voz y videollamadas, en las que se hacían pasar por integrantes de las disidencias de las FARC-EP. Uno de los capturados incluso vestía ropa camuflada, alusiva a grupos armados ilegales, para reforzar esa imagen.
Los investigadores del GAULA identificaron a los delincuentes y coordinaron una entrega controlada de un supuesto pago de 200 millones de pesos. Durante la operación, se desplegó un equipo especializado de la policía en combate rural para proteger la vida de las víctimas. Este mismo equipo fue el encargado de capturar a los tres delincuentes en flagrancia mientras recibían el dinero producto de la extorsión.
Asimismo, se pudo establecer que estas personas habían participado en al menos cuatro eventos de extorsión en Bogotá. Con este importante resultado, se estima que se afectaron las rentas criminales de la banda en al menos 400 millones de pesos.
