En una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, se desmanteló una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en varias provincias españolas, con foco principal en la Comunidad Valenciana. En total, fueron arrestadas 37 personas, de las cuales 21 corresponden a miembros vinculados directamente con la captación y explotación de mujeres colombianas. Las víctimas fueron encontradas en situación de grave vulnerabilidad y no tenían permiso de residencia.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, las víctimas eran captadas en Colombia a través de anuncios en portales de internet o por otras mujeres bajo control de la organización y aceptaban las condiciones de explotación debido a su precaria situación económica.
Ya reclutadas, simulaban viajes turísticos para entrar en España y posteriormente se les cobraban los gastos de viaje como deudas impagables. La planificación sofisticada y el alto grado de organización criminal transnacional fue uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores.
La organización criminal adquiría y remodelaba inmuebles en viviendas familiares o locales comerciales, camuflándolos como locales de masajes para darles apariencia de legalidad. Las mujeres explotadas se encontraban hacinadas, dormían en camarotes o la misma cama donde ejercían la prostitución, y contaban con estrictas restricciones de movimiento, pudiendo salir solo dos horas diarias en horario matutino bajo vigilancia continua mediante sistemas de videovigilancia instalados en cada local.
Además, las víctimas debían entregar a la organización el 50% de sus ganancias y estaban sujetas a multas por diversas causas impuestas por sus explotadores.
La red, con estructura piramidal, contaba con líderes que poseían o arrendaban los inmuebles y obtenían mayores beneficios económicos, supervisores encargados de la recaudación y coordinación de las encargadas, y finalmente encargadas que controlaban a las mujeres en los locales, además de otros colaboradores dedicados a reformas, transporte y distribución de estupefacientes. Paralelamente, se investiga un posible delito de blanqueo de capitales vinculado a la organización, con bloqueo de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias.
El inicio de la investigación se dio tras la denuncia de tres víctimas, y progresivamente se lograron identificar más de 160 mujeres liberadas en diversas provincias, no solo de la Comunidad Valenciana, sino también en Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona. En el caso de la red focalizada en Castilla y otras provincias, 24 mujeres colombianas fueron liberadas y cinco inmuebles se sellaron en Madrid, Málaga, Valencia y Castellón.
