En actividades investigativas adelantadas por las autoridades en el departamento de Nariño, se logró que en los últimos días un juez de control de garantías, en respuesta a la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, dictara medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos personas de género masculino, señalados al parecer de estar involucrados en el secuestro de un ciudadano en la región nariñense.
Los procesados, identificados como Leison Duvan Quiñonez Salazar y Jair Salazar Quiñonez, fueron imputados por un fiscal seccional del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, por el delito de secuestro extorsivo agravado, sin embargo, durante la audiencia los señalados rechazaron y no aceptaron las acusaciones en su contra.
Los hechos que dieron origen a este caso según lo dicho por Fiscalía ocurrieron el pasado 7 de marzo, en la vía que conecta los municipios de Barbacoas y Magüí Payán, en el suroeste del país donde se presume que Quiñonez Salazar y Salazar Quiñonez fueron capturados tras haber recibido una alta suma de dinero por la liberación de una persona.
Teniendo en cuenta lo anterior, los hombres habrían recibido el pago de 20 millones de pesos en un sobre por la liberación de la víctima, lo que permitió a las autoridades actuar rápidamente. En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, los dos hombres fueron aprehendidos aparentemente tras el pago de la extorsión. Una vez detenidos, los acusados proporcionaron la ubicación exacta donde mantenían a la víctima.
Dando seguimiento a la información suministrada las autoridades llegaron hasta el lugar y encontraron a la persona secuestrada en una bodega cercana, donde se hallaba amordazado y atado de pies y manos. Afortunadamente, la víctima fue rescatada con vida y sin mayores daños, gracias a la rapidez de la intervención de las fuerzas de seguridad.
Aunque los dos hombres procesados negaron las acusaciones en su contra y no aceptaron el cargo de secuestro extorsivo agravado, el juez decidió que había suficientes pruebas para imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Esta medida busca garantizar que los procesados enfrenten el proceso judicial desde la cárcel, evitando así que puedan interferir en las investigaciones o huir.
