La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de dos hombres y una mujer en Bogotá, señalados como presuntos responsables del asesinato de Élmer Fernández Velasco, coronel retirado y exdirector de la cárcel La Modelo.
El crimen ocurrió el pasado 16 de mayo en la localidad de Barrios Unidos, cuando Fernández fue interceptado y atacado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta, justo al salir del centro penitenciario donde había asumido como director solo seis semanas antes.
Los detenidos, cuya identidad aún no ha sido revelada, serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías. Se les imputarán los delitos de homicidio agravado, así como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego agravado.
La operación que llevó a la captura de estos individuos fue llevada a cabo de forma conjunta por la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.
El coronel Fernández, quien se había retirado de la Policía en 2017 tras una carrera destacada, asumió el liderazgo en La Modelo con un enfoque en la mejora de los controles de seguridad y la lucha contra las actividades ilícitas que se desarrollaban dentro del penal. Sus medidas incluían un aumento de las requisas y la implementación de controles más estrictos sobre los reclusos, lo que generó tensiones y amenazas en su contra. Solo un día antes de su asesinato, recibió un panfleto amenazante firmado por alias Pedro Pluma, un interno del patio 4A, en el que se le advertía que, de continuar con las requisas, tanto él como su familia serían asesinados.
Pese a que Fernández informó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre las amenazas y solicitó protección, esta no fue proporcionada oportunamente debido a la falta de formalización de su acta de posesión. Tras su trágica muerte, su familia también reportó haber recibido amenazas y denunció la ausencia de un esquema de seguridad que, según ellos, ya había sido prometido previamente.
Este caso ha generado un profundo impacto y reacciones en la opinión pública, resaltando los desafíos que enfrentan los funcionarios encargados de implementar reformas en instituciones penitenciarias marcadas por la corrupción y el control criminal desde el interior.
