La Fiscalía General de la Nación logró esclarecer un grave caso de secuestro y extorsión ocurrido en el puerto de Buenaventura, tras identificar a los presuntos responsables del hecho que generó gran temor en el sector comercial de la ciudad.
Los acusados, identificados como Dayan Arley Gallego Garcés y James Alomía Angulo, habrían participado activamente en la retención ilegal de un comerciante local, a quien supuestamente intimidaron con armas y amenazas, exigiéndole una fuerte suma de dinero.
El secuestro ocurrió el 9 de agosto de 2024, cuando la víctima se encontraba embarcando mercancía. En ese momento, fue abordada por varios hombres que se identificaron como miembros de una estructura criminal con presencia en la región.
Según el testimonio del afectado, los sujetos lo obligaron a abordar un vehículo y lo retuvieron durante aproximadamente seis horas. Durante el tiempo de retención, lo habrían amenazado de muerte si no accedía a pagar una supuesta “cuota de seguridad”.
Además del secuestro, los delincuentes habrían hurtado parte de la mercancía del comerciante. Al día siguiente, comenzaron a llegarle mensajes y llamadas extorsivas en las que le exigían 10 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia.
Frente a esta situación, la víctima decidió acudir a las autoridades y poner la denuncia. De inmediato, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Gaula militar iniciaron una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad, rastreo de llamadas y entrevistas a testigos.
Gracias a ese trabajo coordinado, las autoridades lograron identificar plenamente a Gallego Garcés y Alomía Angulo como dos de los hombres involucrados en la acción delictiva. Ambos fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.
En audiencias preliminares, un fiscal seccional del Gaula les imputó los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, y extorsión agravada en grado de tentativa. Sin embargo, los implicados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
Pese a ello, el juez del caso consideró que existía suficiente material probatorio para dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra los procesados, con el fin de proteger a la víctima y evitar una posible obstrucción de la justicia.
La Fiscalía destacó la colaboración entre los organismos judiciales y de seguridad, y reiteró su compromiso con la protección de los comerciantes e inversionistas en Buenaventura, una de las zonas más afectadas por la extorsión y la criminalidad en el suroccidente del país.
Las investigaciones continuarán para determinar si hay más personas involucradas en este hecho, y si los capturados hacen parte de una red más amplia dedicada a intimidar al sector empresarial del puerto.
