Capturados alias ‘Frank’, ‘El Primo’ y ‘Saúl’

Estas personas se dedicarían a rentas ilícitas, extorsión y suministro de armamento para disidencias.
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En una intervención denominada; Operación Oasis, las autoridades lograron la captura de tres presuntos integrantes de este grupo criminal: alias ‘Frank’, ‘El Primo’ y ‘Saúl’. Estos sujetos serían piezas clave en el desarrollo de actividades delictivas de la estructura del frente 39 de las extintas FARC-EP, conocido como ‘Arcesio Niño’, entre las cuales se incluyen la extorsión, las rentas ilícitas y el abastecimiento logístico y armamentístico. La acción se desarrolló en los municipios de Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, Meta, en los que el grupo armado ha estado operando de manera activa.

Operación

La captura de los tres sujetos se llevó a cabo en jurisdicción de Puerto Gaitán, tras un trabajo de inteligencia e investigación criminal. Según el coronel Norman Andrés Gómez Linares, comandante de la Policía del Meta, este éxito se alcanzó gracias a la información proporcionada por fuentes humanas y el trabajo conjunto de los equipos de investigación del GAULA, que han seguido de cerca las actividades de esta organización criminal.

Cabecillas y su rol

Alias ‘Frank’, ‘El Primo’ y ‘Saúl’ desempeñaban roles esenciales dentro de la estructura del frente 39, encargándose de coordinar tanto las operaciones de financiamiento como la logística armamentística. Según el Cuerpo Élite del GAULA, estos sujetos se encargaban de adquirir y transportar material bélico, así como equipo de intendencia, tales como chalecos antibalas, uniformes, radios y provisiones, destinados a sustentar las actividades ilegales del grupo.

Además de abastecer a la estructura con recursos militares, los capturados habrían intensificado las acciones de extorsión en la región durante los últimos tres años. En este período, se estima que lograron exigir alrededor de 500 millones de pesos, afectando severamente la economía local y sembrando el temor entre las comunidades de comerciantes, ganaderos y agricultores. Esta práctica delictiva se extendió también a los contratistas del sector público, quienes se vieron obligados a cumplir con las demandas de estos delincuentes para evitar represalias.


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