La captura en Llanogrande (Antioquia) de una ciudadana rusa identificada por las autoridades como Julia Maydankina, junto con su pareja, Hugo Romero, abrió un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato del empresario Hernán Roberto Franco Charry, ocurrido en febrero de 2024 en las inmediaciones del Parque de la 93, en el norte de Bogotá. Los allanamientos y detenciones, según fuentes judiciales, no solo apuntan a delitos locales —como extorsión con criptomonedas y fraude— sino que también habrían entregado pistas vinculadas con la trama criminal que terminó con la vida del auditor.
Según la Fiscalía y las autoridades que participaron en las labores de inteligencia y judicialización, la pareja fue localizada en una propiedad de alto valor en Llanogrande. En el operativo, que incluyó seguimientos y órdenes de registro, se decomisaron equipos electrónicos y documentación que estarían siendo analizados para determinar el alcance de las redes criminales detrás de diferentes modalidades delictivas. Las fuentes consultadas por la prensa indican que gran parte de la investigación está concentrada en establecer si hubo comunicaciones, movimientos de dinero o coordinación operativa entre los capturados y personas procesadas por el homicidio en Bogotá.
El homicidio de Hernán Roberto Franco Charry —también citado en los medios como Roberto Franco— conmocionó al sector empresarial bogotano por su ejecución en plena zona comercial: un sicario abordó a la víctima cuando ingresaba a sus oficinas y le disparó en la vía pública. Desde entonces, la Fiscalía ha presentado cargos contra varios implicados y ha seguido líneas de investigación que van desde la logística del atentado hasta posibles móviles económicos o personales. En audiencias previas se han imputado y condenado a participantes ligados a la ejecución material del crimen (el motociclista y el sicario), mientras que la Fiscalía ha señalado a otros como coordinadores o autores intelectuales en distintos momentos de la investigación.
Los reportes periodísticos y las indagaciones judiciales han puesto en la mira además a una red más amplia. Algunos medios señalan que la captura de la ciudadana rusa y su pareja podría “destrabar” pruebas o arrojar comunicaciones que vinculen a personas hasta ahora no procesadas con el homicidio de Franco Charry; otras fuentes, en cambio, advierten que las detenciones por sí solas no garantizan la conexión automática entre los hechos y que los investigadores deben demostrar vínculo directo —por ejemplo transferencias, registros de llamadas o testimonios— para sostener acusaciones de mayor calado. En la práctica, la Fiscalía trabaja en cotejar dispositivos incautados, movimientos financieros y constancias de llamadas o mensajería para establecer responsabilidades.
El caso de Franco Charry ha sido complejo y con muchas aristas: además del proceso penal contra quienes participaron directamente en el sicariato, la investigación indaga sobre posibles enemistades, disputas empresariales y redes de contratación de sicarios. Informes periodísticos han reseñado tensiones previas en negocios y asesorías en las que estuvo involucrado el empresario, así como amenazas que recibieron personas cercanas a esos mundos empresariales. En paralelo, las autoridades han tenido que separar —con cuidado probatorio— hipótesis sobre venganza, ajuste de cuentas y contratación mercenaria.
Desde el punto de vista procesal, la Fiscalía deberá ahora —si los indicios lo permiten— ligar las pruebas halladas en Llanogrande con la cadena de responsabilidades en Bogotá: esto implica peritajes forenses sobre equipos incautados, rastreo de flujos financieros (incluyendo criptomonedas si las pruebas apuntan a ello), testimonios de colaboradores y la reconstrucción de llamadas y movimientos. Los defensores de los detenidos han señalado que, por ahora, las detenciones obedecen a delitos autónomos y que cualquier vínculo con el homicidio es hipotético hasta que no haya evidencia sólida y judicializada. Así lo han expresado abogados consultados por medios en torno al operativo.
Por su parte, las familias afectadas por el crimen de Franco Charry han seguido el proceso con expectativa: por un lado, buscan que la justicia alcance a todos los responsables; por el otro, hay inquietud porque algunos procesados han quedado en libertad en etapas posteriores del proceso o porque las piezas del rompecabezas judicial no han sido aún totalmente exhibidas en audiencias públicas. En suma, la captura en Llanogrande reabre preguntas clave sobre la existencia de células criminales transversales (que operarían entre ciudades) y sobre cómo se contratan y coordinan delitos desde el exterior o desde lujosas residencias suburbanas.
Qué sigue
Las próximas semanas serán decisivas: la Fiscalía presentará resultados de análisis forenses sobre la información incautada, y podría ampliar imputaciones si encuentra pruebas concluyentes que vinculen a los detenidos con la planificación o el financiamiento del homicidio. A su vez, defensores y familiares estarán atentos a audiencias de control de garantías y a la marcha de procesos en los que algunos implicados ya han sido condenados o puestos en libertad. El caso, además, seguirá propiciando cobertura mediática por su combinación de violencia, empresarios de alto perfil y posibles conexiones internacionales.
