El pasado 21 de agosto de 2025, Colombia fue golpeada por uno de los atentados más graves de los últimos años. Ese día, un camión tipo furgón bomba —cargado con cilindros cargados de nitrato de amonio y granadas de mortero— estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, dejando entre seis y siete civiles muertos y más de 60 heridos.
Las investigaciones apuntan a la estructura Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central (EMC), una facción de las disidencias de las FARC-EP liderada por Iván Mordisco, como responsable del atentado. Autoridades también lo han catalogado como una “reacción terrorista” y han conectado la operación con una denominada “junta del narcotráfico”.
Arrestos y avances judiciales
Horas después de la explosión, la comunidad local capturó a dos sospechosos: Walter Esteban Yonda Ipía (alias “Sebastián”) y Carlos Steven Obando. La Fiscalía los acusó formalmente de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura.
Posteriormente, se confirmó la detención de Diomar Mancilla Flórez (alias “El Mocho”), considerado cabecilla de las milicias urbanas del frente Jaime Martínez. Las autoridades lo señalan como artífice de la coordinación del atentado y de otros ataques en Cali y Jamundí, así como de actividades delictivas como reclutamiento, extorsión y homicidios selectivos.
Contexto de violencia creciente
Este atentado es parte de una escalada armada durante 2025. En junio, el EMC ya había perpetrado una ola de atentados simultáneos en Valle del Cauca y Cauca, dejando víctimas y graves daños materiales. Además, ese mismo 21 de agosto, en Antioquia, otro ataque con un dron derribó un helicóptero policial durante una operación anticultivos, causando la muerte de 12 policías.
Frente a esta ola de violencia, el gobierno ha reforzado la seguridad en varias regiones y anunció medidas como la consideración del EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo como organizaciones terroristas. También se han ofrecido recompensas (cerca de 400 millones de pesos) para capturar a los responsables.
