La Policía española rescató a 18 víctimas, arrestó a cinco personas y clausuró seis inmuebles usados para la explotación.
Una red internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres captadas en Colombia fue desarticulada esta semana por la Policía Nacional de España, tras una intensa investigación que permitió la liberación de 18 víctimas y la detención de cinco miembros de la organización criminal, dos de los cuales ya se encuentran en prisión provisional.
Las mujeres, en situación de extrema vulnerabilidad, eran engañadas con falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida en España. Una vez aceptaban, la organización les facilitaba los pasajes de avión y una suma de dinero para que ingresaran al país como turistas. Al llegar, eran obligadas a desplazarse a ciudades específicas donde se les retiraban los pasaportes y se les imponía una supuesta deuda de entre 3.000 y 8.000 euros que debían pagar prestando servicios sexuales.
Una red ramificada y violenta
La investigación comenzó en septiembre de 2024, tras la denuncia de una de las víctimas. Las autoridades identificaron una estructura criminal compuesta inicialmente por cinco personas, que luego se dividió en tres células independientes, pero interconectadas. Estas células operaban pisos de forma temporal o estable en varias regiones del país, sometiendo a las víctimas a una rotación constante para impedir que establecieran vínculos o lograran escapar.
La Policía reveló que las mujeres estaban disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, sin posibilidad de rechazar clientes. En varios casos, las víctimas sufrieron agresiones físicas por negarse a trabajar, incluso por motivos de salud.
Además, eran obligadas a consumir drogas para aumentar su rendimiento y, en algunos anuncios, se ofrecían estupefacientes como atractivo para captar clientes. La red también las forzaba a abrir cuentas bancarias que luego eran usadas para blanquear dinero producto de la explotación.
Golpe a la red criminal
Durante la operación policial se llevaron a cabo siete registros domiciliarios, en los que se incautaron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación relevante para la causa. También se bloquearon diez cuentas bancarias utilizadas por la organización.
La justicia ordenó la clausura judicial de seis inmuebles donde se ejercía la explotación y continúa evaluando si hay más víctimas o cómplices por identificar.
Las autoridades españolas reiteraron su compromiso en la lucha contra la trata de personas y el tráfico sexual, e hicieron un llamado a las posibles víctimas a denunciar. El caso también ha generado preocupación en Colombia, donde las redes de captación continúan operando con promesas falsas y métodos engañosos.
Este operativo marca un duro golpe contra las mafias internacionales de trata y evidencia cómo las mujeres migrantes son blanco frecuente de estas redes delictivas.
