Decenas de usuarios llegaron a la sede de entrega de medicamentos en Garzón y se encontraron con un cierre inesperado. Muchos viajaron desde veredas y municipios vecinos, pero el servicio no fue prestado. Para Edel Luna Martínez, la situación ya es insostenible: “generan pendientes, dejan vencer fórmulas y finalmente nunca entregan los tratamientos”, denunció públicamente.
El malestar aumentó con las versiones contradictorias. Algunos letreros hablaban de una supuesta capacitación; otros señalaban fallas en el sistema. El resultado fue el mismo: filas de más de 50 personas sin solución ni información clara.
Derechos vulnerados
La secretaria de Salud de Garzón, Mayra Alejandra Motta, quien acompañó a la comunidad, confirmó que no hubo aviso previo de suspensión del servicio. “Es una falta de respeto con los usuarios, muchos de ellos de la zona rural, que madrugan y se desplazan largas horas para encontrarse con puertas cerradas”, expresó.
Luna también cuestionó las precarias condiciones del lugar: baños inadecuados, falta de accesibilidad para personas con discapacidad y un ambiente que calificó como “bochornoso”. Aseguró que los usuarios son tratados como si fueran “infractores”, pues incluso se les restringe la salida después de cierta hora.
Exigen control y soluciones
La comunidad exige que la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia intervengan para garantizar el derecho fundamental a la salud y para revisar el manejo de los recursos destinados a la compra y entrega de medicamentos.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Según los denunciantes, se repiten incumplimientos, negligencia y falta de condiciones mínimas, convirtiendo lo que debería ser un servicio vital en un calvario diario para cientos de garzoneños.
