El suroeste colombiano, particularmente el Cañón del Micay en el departamento del Cauca, se ha convertido en un epicentro estratégico para la producción y tráfico de cocaína, bajo el control —de facto— de la facción disidente de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC). Este territorio remoto, montañoso y de difícil acceso, ha sido llamado por el presidente Gustavo Petro “la gran bolsa internacional de la cocaína”.
Desde 2024, el gobierno ha venido impulsando una estrategia dual: por un lado, acción militar —la denominada “Operación Perseo”— para desplazar a los grupos armados y recuperar el control territorial; por otro, promesas fuertes de inversión social para mejorar infraestructuras, ofrecer alternativas productivas legales a los campesinos y llevar servicios básicos a comunidades históricamente abandonadas.
Lo que ha pasado hasta ahora
- En El Plateado, uno de los pueblos más grandes del Cañón del Micay, el Estado ha desplegado alrededor de 1.400 efectivos militares y policiales. Sin embargo, estos no controlan completamente las rutas de acceso, los pueblos ni las vías de transporte.
- Se han anunciado inversiones estatales en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, así como en proyectos de infraestructura para acueductos, carreteras, hospitales, conectividad, vivienda. En total, se han destinado cerca de 30 millones de dólares para estos fines.
- No obstante, los habitantes denuncian que muchas promesas están incumplidas o han avanzado muy poco. Hay carencias severas en servicios básicos: falta agua potable, alcantarillado, calles sin pavimentar, estructura de salud limitada, escuelas deterioradas, etc. Estas carencias refuerzan la percepción de abandono estatal.
Obstáculos clave
- Control territorial incompleto
A pesar de la intervención militar, el EMC continúa operando como autoridad de facto en muchas zonas, imponiendo horarios, ejerciendo controles, limitando operación comercial y moviéndose con capacidad de atacar partes vulnerables. El Ejército aún no patrulla libremente todas las vías ni tiene control permanente en los pueblos. - Resistencia de la población rural
Los campesinos que dependen de la hoja de coca como principal fuente de ingresos no encuentran alternativas legales que les ofrezcan rentabilidad comparable. Por ejemplo, un cultivo de coca de unas pocas hectáreas puede generar en un trimestre ingresos muy superiores a lo que el Estado ofrece para actividades agrícolas legales durante un año. - Burocracia, inseguridad y corrupción
Los proyectos sociales enfrentan retrasos por trámites administrativos, problemas de financiación, dificultades para que los contratistas trabajen en zonas conflictivas, extorsiones, amenazas, minas, ataques con drones, entre otros riesgos de seguridad que elevan los costos y demoran la ejecución. - Erosión de la confianza
La combinación de promesas incumplidas, abandono histórico, falta de presencia del Estado, y percepción de que la inversión social es lenta o no llega, alimenta la desconfianza en la población. Esto puede inclinar la balanza hacia apoyar, tolerar o aliarse con los grupos armados.
Riesgos e implicaciones
- Para la paz: Si el Estado no logra consolidar su presencia con servicios eficientes y sostenibles, las regiones blijven bajo control armando, lo que cuestiona la estrategia de “paz con legalidad” anunciada por el gobierno.
- Para la ayuda internacional: Estados Unidos y otros socios observan los resultados. Existe el riesgo de que, si no se ven avances suficientes en la erradicación voluntaria, sustitución de cultivos y reducción del narcotráfico, algunas ayudas puedan ser reducidas o condicionadas.
- Para el ambiente social económico local: Las comunidades siguen atrapadas en la disyuntiva: subsistir con cultivos ilegales o asumir actividades cuyo rendimiento es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, la violencia, la falta de infraestructura y los riesgos para la vida siguen siendo altos.
Lo que se necesita para avanzar
- Una presencia estatal más visible y sostenida, no solo militar, sino de instituciones civiles, salud, educación, justicia y servicios básicos, con seguimiento claro y participación comunitaria.
- Ofertas agrícolas legales con condiciones competitivas: subsidiar los costos, dar asistencia técnica, asegurar mercados, asegurar cadenas de valor que permitan ingresos estables.
- Transparencia y eficiencia en la ejecución de los proyectos sociales, para poner fin a los retrasos que generan frustración.
- Mayor seguridad para los trabajadores de proyectos estatales, con garantías frente a amenazas armadas, extorsión, minas, etc.
- Políticas de largo plazo, que trasciendan los ciclos presidenciales, para que las comunidades vean continuidad.
