En el Cañón del Micay, Cauca, el Gobierno lucha por consolidar el control territorial, reemplazar cultivos de coca y cumplir promesas sociales. A pesar de operaciones militares como la “Operación Perseo”, la inversión social avanza lentamente, generando desconfianza en comunidades afectadas por décadas de conflicto.
Cauca, Colombia — septiembre de 2025.
La región del Cañón del Micay, en el suroeste de Colombia, se ha convertido en un símbolo de los retos que enfrenta el Gobierno para controlar el narcotráfico y cumplir su promesa de paz a través de inversión social. Aunque la zona es estratégica para la producción y tráfico de cocaína, los esfuerzos estatales han tenido avances limitados.
Lo que está pasando
- La guerrilla del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC, mantiene control sobre amplias zonas, utiliza una estrategia de movilidad, repliegue y operaciones entre la población civil, dificultando el despliegue militar permanente.
- La llamada Operación Perseo, iniciada en octubre de 2024, combina acciones militares y promesas de inversiones sociales (salud, vías, vivienda, conectividad) para convencer a los campesinos de abandonar los cultivos de coca. Sin embargo, muchas de esas inversiones aún no se han concretado.
- Los campesinos afirman que los ingresos de la coca son mucho mayores que lo que ofrecen los cultivos legales, lo que reduce la motivación para cambiar. Además, la inversión prometida no siempre llega, o lo hace con retraso.
Barreras y críticas
- Problemas logísticos, de seguridad y burocráticos hacen que los proyectos sociales tarden en ejecutarse o se paralicen.
- La desconfianza de la población hacia el Gobierno persiste, debido a años de abandono estatal. En muchas comunidades, la guerrilla aún cumple funciones de gobierno de facto, imponiendo normas locales, controlando horarios, resolviendo conflictos.
- A nivel internacional, existe preocupación: si no se ven avances concretos, podría afectar la cooperación y los fondos de apoyo exterior, especialmente de EE.UU.
El Cañón del Micay ilustra lo complejo de transformar territorios históricamente afectados por violencia y cultivos ilícitos en zonas de paz con desarrollo. La vía militar no basta si no se acompaña de inversión social real, sostenida y con participación comunitaria. El reto para el Gobierno es lograr que las promesas se conviertan en hechos concretos, para que la paz no sea solo discurso sino transformación palpable.
