En el remoto poblado de El Plateado, situado en una cadena montañosa del suroeste de Colombia, donde abundan los cultivos de hoja de coca, la vida cotidiana transcurre con aparente tranquilidad hasta que las ráfagas de fusil o explosivos rompen el silencio en las montañas cercanas.
Con 12.000 habitantes, El Plateado se encuentra en el Cañón del Micay, una zona históricamente afectada por el conflicto, donde los grupos armados ilegales han consolidado su poder, desafiando la política de paz del presidente Gustavo Petro, que busca resolver el creciente conflicto colombiano mediante el diálogo. Este cañón alberga una ruta que conecta con el Océano Pacífico, desde donde suelen partir semisumergibles cargados de cocaína hacia las costas centroamericanas. Además de la droga, a través de esta ruta también ingresan otros bienes ilícitos, como armas, según explicó a The Associated Press Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz.
El Cañón del Micay, que alguna vez estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de su desmovilización en 2016 tras el acuerdo de paz con el Estado, ha sido ocupado rápidamente por otros grupos armados debido a la limitada presencia estatal en la región.
Actualmente, el área está dominada principalmente por el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC que no firmó el acuerdo de paz de 2016. También operan en la zona la Segunda Marquetalia —otra disidencia de las FARC— y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que, según las autoridades, están involucrados en el control de la producción y el tráfico de drogas en la región. “Aquí en El Plateado la situación es muy difícil, no solo para mí, sino para muchas personas… porque cuando se desata la guerra, las balas vienen de ambos lados”, comentó Edilma Acuechantre a la AP en El Plateado.
En su modesta casa de madera revestida con láminas metálicas, Acuechantre mantiene una pequeña mochila con ropa, jabón y cepillos de dientes, siempre lista para huir junto a sus dos hijos de 8 y 12 años en caso de tiroteos o bombardeos. “Me duele muchísimo tener a mis hijos en medio de esta guerra”, lamentó.
Sin embargo, para esta mujer de 34 años, El Plateado le proporciona su único medio de subsistencia a través del cultivo de hojas de coca, de las cuales se extrae la cocaína distribuida por narcotraficantes.
La fértil tierra de El Plateado podría producir otros cultivos, pero, como en muchas otras regiones de Colombia, sus habitantes están atrapados en medio de enfrentamientos armados sin muchas otras opciones económicas. Kevin Andrés Arcos, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado, estima que de las aproximadamente 14.000 personas que viven entre El Plateado y sus zonas aledañas, “la mayoría dependen de la coca”. La zona, aislada de las grandes ciudades, presenta un bajo desarrollo productivo y una falta de vías de comunicación.
El presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en Colombia y exguerrillero, ha calificado al Cañón del Micay como “la gran bolsa de valores de la cocaína” del Estado Mayor Central, y se ha propuesto demostrar que puede arrebatarles el control a los disidentes.
La presencia de los grupos armados es evidente en El Plateado, así como en los solitarios caminos circundantes, donde abundan los cultivos de hoja de coca y algunas casas dispersas con grafitis alusivos a esos grupos.
Con la llegada de Petro al poder, se abrió una nueva ventana de oportunidad para las disidencias y otros grupos armados dentro de la política de paz total, con la que el gobierno pretendía iniciar diálogos para reducir el conflicto en expansión.
El Estado Mayor Central aceptó negociar en octubre de 2023, pero cinco meses después, el proceso entró en crisis tras el asesinato de una líder indígena en Cauca a manos de los armados. En julio de 2024, después de meses de tensión, el gobierno dio por terminado el cese al fuego bilateral con la mayor parte de la disidencia y reanudó las operaciones militares.
La estructura armada intensificó sus ataques con explosivos en el suroeste del país, causando la muerte y heridas a civiles y policías. En julio, un niño de 10 años murió en El Plateado por un explosivo que, según las autoridades, habría sido lanzado por la disidencia desde un dron.
Durante el cese al fuego con el Estado Mayor Central, que duró cinco meses, la comunidad experimentó cierto alivio, aunque el conflicto no cesó por completo: “De vez en cuando se escuchaba una ráfaga, pero no tanto como bombas por aquí y granadas por allá”, relató Arcos.
Lo ocurrido en el Cañón del Micay es un reflejo de la complejidad del actual conflicto en Colombia, explicó el analista Cajiao, ya que aunque se suspendieron las confrontaciones entre la disidencia EMC y las fuerzas estatales, los enfrentamientos con otros grupos armados en disputa con el EMC continuaron.
“Esta política ha evolucionado de la paz total a lo que nosotros llamamos paz fragmentada: pasar de ese gran objetivo de negociar con todos los grupos y llevarlos a la desmovilización, a negociar con lo que se puede y con lo que hay”, afirmó Cajiao.
