¿Por qué tendría que ilegitimarme haber defendido al Chapo?”
Con esta pregunta, Silvia Delgado desafía abiertamente las críticas que ha recibido desde que anunció su candidatura para convertirse en jueza penal en México. Su nombre aparece en la boleta electoral como opción número 12, en unos comicios sin precedentes en los que los ciudadanos votarán de forma directa por integrantes del poder judicial.
Delgado reparte folletos con entusiasmo en los alrededores del Puente de las Américas, en Ciudad Juárez, haciendo campaña como cualquier otro aspirante. Pero ella no es una candidata común: fue la abogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo.
Aunque su historial legal es impecable recordando que todo acusado tiene derecho a defensa su pasado ha desatado un debate nacional. ¿Hasta qué punto puede una persona con vínculos profesionales con el crimen organizado, aunque sean legales, ser imparcial al impartir justicia?
La polémica surge en el marco de la primera elección nacional en la que los ciudadanos mexicanos elegirán directamente a jueces y magistrados. Es un experimento democrático que busca hacer más accesible y transparente al poder judicial, pero también ha despertado temores: ¿qué pasa si el voto popular termina otorgando poder judicial a personas con nexos, directos o indirectos, con redes criminales?
Silvia Delgado insiste en que su labor como abogada fue legítima, profesional y ética. Sin embargo, su caso pone de relieve las grietas de un sistema que aún busca equilibrio entre justicia, representación y credibilidad institucional. Mientras tanto, en las calles, los votantes se enfrentan a una pregunta difícil: ¿es suficiente con haber respetado la ley, o la imagen también importa cuando se trata de impartir justicia?
