El senador y precandidato presidencial Andrés Guerra, una de las cartas del Centro Democrático para las elecciones de 2026, rompió el silencio este lunes tras conocerse la orden judicial que ordena el embargo de una quinta parte de su salario como congresista, por cuenta de una deuda que data del año 2010 y que hoy asciende a $100 millones.
La información fue revelada por el portal Vorágine, que expuso que contra el legislador cursa un proceso ejecutivo debido al incumplimiento de un acuerdo de pago relacionado con una letra de cambio firmada hace 15 años. En ese momento, Guerra actuó como codeudor de un préstamo por $51 millones. Sin embargo, ante la falta de pago, la obligación cayó sobre sus hombros y, con intereses y actualizaciones, la cifra se duplicó.
La decisión judicial ordena que se retenga el 20 % del salario mensual del senador, que actualmente está tasado en cerca de $52 millones, hasta cubrir el monto total de la deuda. En diálogo con este diario, Guerra reconoció la compleja situación económica que enfrenta y aseguró que asumirá la responsabilidad:
“Son temas nada fáciles, pero se solucionan. No ha sido sencillo en lo político; prácticamente he dado todas las batallas con recursos propios”, declaró.
Pese a las críticas, el congresista defendió su gestión y negó que esta situación afecte su precandidatura presidencial. Aseguró que el proceso “es un asunto personal” y que seguirá concentrado en sus aspiraciones para 2026, donde espera contar con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido.
Desde el Centro Democrático no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque sectores de la oposición aprovecharon el hecho para cuestionar la transparencia y la capacidad de gestión financiera del aspirante. Analistas políticos advierten que, aunque el embargo no lo inhabilita legalmente para aspirar a la Presidencia, sí podría impactar su imagen pública en plena etapa de precampaña.
El senador Guerra, reconocido por su cercanía con las bases más conservadoras del uribismo, enfrenta así un nuevo reto, esta vez en el plano financiero. Mientras continúa el trámite judicial, su equipo de trabajo evalúa alternativas para resolver la deuda y evitar que la polémica afecte sus aspiraciones en la contienda presidencial.
