Alcalde Luis Carlos Amézquita alerta por impacto rural tras avalúos del IGAC.
El arranque de año no pudo ser más amargo para cientos de campesinos en 39 municipios del Tolima. Lo que parecía un simple trámite técnico terminó convirtiéndose en un verdadero golpe al bolsillo: el drástico aumento en los avalúos catastrales rurales definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
La inconformidad se siente en veredas y corregimientos. Propietarios de fincas, pequeños productores y familias que han trabajado la tierra durante décadas hoy miran con preocupación las nuevas cifras que aparecen en los documentos oficiales. En muchos casos, los valores prácticamente se triplicaron, generando alarma inmediata por el impacto en el impuesto predial.
Varios alcaldes del departamento, quienes reconocen una creciente molestia entre la población rural. Uno de los más enfáticos ha sido el alcalde de Lérida, Luis Carlos Amézquita, quien salió al paso de las críticas y dejó claro que los municipios no son responsables de los nuevos valores.
Según explicó el mandatario, el ajuste se desprende del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual estableció un mecanismo excepcional para reducir el rezago en los avalúos catastrales en zonas donde no se actualizaban desde hace cinco, diez o incluso más de quince años.
Amézquita insistió en que el proceso técnico fue realizado por el IGAC y no por las administraciones municipales. “La preocupación es que nos están echando la culpa de ese incremento en el avalúo catastral a los municipios, lo que no es cierto”, afirmó.
El caso que más ha generado indignación en Lérida es el de una finca de 95 hectáreas cuyo avalúo pasó de 133 millones de pesos a $530 millones, una variación que dejó atónito a su propietario. Situaciones similares estarían ocurriendo en localidades como Alpujarra, Ambalema, Cajamarca, El Espinal, Honda, Líbano, Mariquita, Purificación y Venadillo, entre muchas otras.
Los incrementos dependen de factores como la ubicación del predio, el uso del suelo y los criterios técnicos aplicados. Sin embargo, el temor es generalizado: muchos campesinos no tendrían la capacidad económica para asumir el nuevo impuesto predial.
Los alcaldes advierten que esto podría disparar la cartera morosa y afectar seriamente las finanzas municipales. Lo que buscaba actualizar cifras podría terminar convirtiéndose en una carga insostenible para el campo tolimense y en un dolor de cabeza fiscal para las administraciones locales.
