Comunidades del corregimiento La Betulia, aseguran que fueron vulneradas durante una movilización pacífica.
Manifiestan ataques directos por parte del batallón y exigen la pronta intervención de organismos de protección de derechos.
Una grave denuncia por presuntas violaciones a los derechos humanos fue realizada por comunidades campesinas del corregimiento La Betulia, sector El Boquerón de la Estrella, en el municipio de Suárez, Cauca, quienes aseguran haber sido víctimas de ataques por parte del Ejército Nacional durante una jornada pacífica de defensa del territorio.
Según los voceros de la comunidad, los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba un ejercicio colectivo y no violento, en el cual participaban familias campesinas, cuando —de manera sorpresiva— fueron recibidos con ráfagas de fusil y presuntos bombardeos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los manifestantes.
“Exigimos el cese inmediato de las agresiones por parte del Ejército Nacional. Responsabilizamos al Estado colombiano por cualquier daño que pueda sufrir la población civil y solicitamos la presencia urgente de organismos de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo”, manifestó un líder comunitario a través de un comunicado divulgado en redes sociales.
Los habitantes del sector han elevado su voz de denuncia ante la opinión pública, así como ante entidades defensoras de derechos humanos a nivel nacional, expresando una profunda preocupación por la creciente militarización del territorio y los posibles abusos que estarían afectando la tranquilidad y la integridad de la población civil.
Las comunidades han insistido en la necesidad de que se garantice el respeto irrestricto a la vida, a la movilización social pacífica, y al ejercicio pleno de los derechos fundamentales, especialmente en contextos rurales históricamente golpeados por el conflicto armado.
A través de comunicados, reuniones comunitarias y la articulación con organizaciones sociales, se ha hecho un llamado urgente al Estado colombiano, en cabeza del actual presidente, para que actúe con transparencia, investigue los hechos denunciados y tome medidas efectivas para proteger a los habitantes del área.
Hasta el momento, el Ejército Nacional no ha emitido una versión oficial frente a los señalamientos, ni ha ofrecido detalles sobre las operaciones militares que presuntamente se estarían desarrollando en la zona. Esta falta de información ha incrementado la incertidumbre y el temor entre los pobladores, quienes aseguran sentirse desprotegidos y vulnerables frente a posibles excesos o acciones que pongan en riesgo su seguridad y sus procesos organizativos.
Las comunidades esperan una pronta respuesta institucional que permita esclarecer la situación, restablecer la confianza y garantizar que cualquier acción estatal en el territorio respete las normas del Derecho Internacional Humanitario y los principios constitucionales que protegen a la población civil.
“Responsabilizamos al Estado colombiano por cualquier daño que pueda sufrir la población civil”, afirmaron voceros comunitarios que exigen intervención urgente de organismos de derechos humanos.
