El municipio de Baraya volvió a hacerse sentir en la capital huilense, pero no precisamente con fiestas ni actos culturales, sino con la radical decisión de bloquear el tránsito vehicular en la calle octava entre carrera 33. La escena, que tomó por sorpresa a conductores y peatones en la mañana, corresponde a un nuevo capítulo del largo pulso entre los campesinos y la Agencia Nacional de Tierras, entidad a la que señalan de “olvidarlos” sistemáticamente en los procesos de adjudicación.
El vocero de los manifestantes, Yesid Aguilar, fue contundente: “La única manera en la cual el gobierno nacional le pone cuidado a los campesinos es cuando protestamos. Estamos cansados de que en Baraya asignen tierras a personas ajenas, mientras quienes hemos vivido y sufrido en este territorio somos invisibilizados”, afirmó ante los medios presentes.
Reclamos directos a la Nación
La protesta, en principio pacífica, apunta directamente contra el delegado Lester Garrido, a quien los campesinos acusan de no escuchar ni tener en cuenta las voces locales. Aguilar aseguró que el bloqueo no se levantará hasta que autoridades nacionales y departamentales se sienten a dialogar: “Aquí necesitamos que alguien dé la cara, que nos diga qué se puede hacer y si realmente vamos a ser incluidos. De lo contrario, pasaremos de un bloqueo parcial a cerrar varias vías estratégicas”, advirtió.
El malestar se tradujo en una congestión vehicular que paralizó el sector, obligando a los conductores a tomar rutas alternas. La calle octava, vital para el acceso al centro comercial Santa Lucía Plaza y para la salida hacia el corregimiento de Vega Larga, quedó completamente colapsada. La tensión se incrementó con la advertencia de los campesinos de que podrían extender los bloqueos a otras vías.
Crítica al abandono estatal
La manifestación pone nuevamente en la mira la deuda histórica con los campesinos barayunos, quienes no solo reclaman tierra, sino reconocimiento a su papel en medio de un conflicto que los golpeó duramente. Aguilar recordó que mientras se promete desarrollo para la ruralidad, la realidad es otra: trámites lentos, exclusiones inexplicables y políticas que, según ellos, favorecen a foráneos.
El llamado no fue únicamente a la Agencia Nacional de Tierras. También señalaron al gobernador del Huila, a quien exigieron mayor intervención en un problema que consideran tanto local como nacional. “El departamento no puede lavarse las manos. Si la Nación no escucha, que el Huila actúe como mediador, porque nuestra paciencia se agotó”, insistió el líder.
Por ahora, la protesta mantiene en vilo a transportadores, comerciantes y ciudadanos que vieron truncada su movilidad. Pero más allá de la molestia inmediata, la crítica va dirigida a un Estado que parece recordar a los campesinos solo cuando levantan pancartas y bloquean carreteras. En palabras de Aguilar, “nos toca incomodar para que nos miren, porque de otra manera, seguimos siendo invisibles”.