Ministra enfrenta a los molineros tras denuncias que advierten incumplimiento en acuerdos.
La tensión entre campesinos e industria arrocera vuelve a encenderse. El gremio Dignidad Agropecuaria denunció que los molinos estarían incumpliendo la resolución 241 del Ministerio de Agricultura, que fijó un precio mínimo obligatorio para la compra del paddy verde. Según su director, Óscar Gutiérrez, la industria estaría pagando por debajo de lo estipulado, lo que pone en riesgo la estabilidad económica de miles de productores y podría reactivar nuevas movilizaciones.
“El sector molinero respondió con propuestas que desconocen la resolución oficial, incluso expidieron una llamada ‘resolución molinera’, con la que pretenden imponer condiciones a su conveniencia, en clara colusión”, afirmó Gutiérrez. Para el gremio, estas acciones significan un desafío directo a la autoridad del ministerio y amenazan la sostenibilidad del campo.
El descontento se ha profundizado debido a que, según los agricultores, la cadena del arroz no logra un equilibrio justo. De no cumplirse la regulación, el gremio no descarta convocar a un nuevo paro nacional.
Ante las acusaciones, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reaccionó con firmeza. En entrevista con W Radio aseguró que la fijación de precios no es opcional y que el incumplimiento conllevará sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. “La resolución que regula el precio es de obligatorio cumplimiento. Quienes compren por debajo del mínimo establecido afrontarán consecuencias legales”, enfatizó.
Carvajalino recordó que la medida nació tras el fracaso de los intentos de concertación entre productores, industriales y comercializadores. “El ministerio tuvo que imponer un precio mínimo para evitar una crisis y garantizar que el arroz llegue a la mesa de los colombianos a un valor justo”, señaló.
La funcionaria subrayó que el Gobierno mantiene mesas técnicas de seguimiento y un consejo ampliado de arroz, con el fin de velar por el cumplimiento de la norma. Además, reiteró que el objetivo no es afectar a ningún eslabón de la cadena, sino estabilizar el mercado y proteger la economía de los campesinos.
La advertencia es clara: si la industria molinera continúa desobedeciendo, se intensificarán las medidas, pues el Ministerio insiste en que el precio justo es un derecho que debe respetarse.
