El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó este 27 de noviembre de 2025 que la campaña presidencial de 2022 del Gustavo Petro violó los topes legales de financiación. La resolución, con seis votos a favor y tres en contra, responsabiliza directamente a los responsables financieros de la campaña — entre ellos Ricardo Roa (gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol), Lucy Aidee Mogollón (tesorera) y María Lucy Soto (auditora) — por exceder los límites permitidos de aportes y gastos.
Principales hallazgos de la investigación
- La campaña omitió informar al CNE aportes realizados para la primera vuelta electoral de 2022 por parte de ciertos sindicatos y partidos, como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).
- Además, se detectaron gastos no reportados correspondientes a propaganda electoral, testigos electorales y otros rubros para la segunda vuelta — lo que implica una violación sistemática del régimen de financiación electoral.
- La cuantía total de la financiación irregular superaría los 5.300 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares), según la decisión del CNE.
Qué significa la sanción y por qué no aplica directamente al presidente
Aunque la campaña fue declarada culpable, la sanción administrativa no recae sobre Petro directamente. Esto ocurre porque, según la normativa vigente, el cargo de presidente tiene fuero: sólo la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes podría investigarlo penal o disciplinariamente.
Por lo tanto, las sanciones inmediatas — multas económicas y sanciones para los responsables internos de la campaña — no implican inhabilidad automática ni destitución del mandatario. Eso sí, el caso ahora queda en manos de dicha Comisión, lo que abre una vía diferente de investigación.
Reacciones y contexto político
La decisión marca un hito: es la primera vez que se sanciona a los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia por violar topes electorales.
Desde sectores de oposición, el fallo ha sido celebrado como una victoria en favor de la transparencia electoral. Por su parte, simpatizantes de Petro y voces dentro de su coalición han denunciado una persecución política, advirtiendo que el proceso podría ser utilizado con fines de desestabilización.
Por su parte, quienes defienden la decisión del CNE consideran que este tipo de sanciones envían un mensaje claro sobre la necesidad de cumplir con las normas de financiación electoral, y podrían servir como precedente para futuras campañas.
Qué falta por definirse
Ahora que el CNE emitió su fallo contra la campaña, la pelota está en la cancha de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: corresponde investigar si hay méritos para abrir un proceso penal o disciplinario contra Petro. Hasta tanto, el presidente se mantiene en el cargo sin sanciones inmediatas.
El debate jurídico gira en torno al alcance del fuero presidencial: algunos expertos sostienen que, aunque protege del juzgamiento penal, no lo exime automáticamente de las responsabilidades políticas que puedan derivarse de irregularidades comprobadas.
Además, el veredicto reaviva el debate sobre la financiación de campañas en Colombia, la transparencia en los aportes y la supervisión que deben ejercer los órganos electorales frente a partidos políticos y candidatos importantes.
