El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, reestructura su gabinete con tres polémicos nombramientos, generando críticas sobre falta de competencia y presunto favoritismo político en su gestión.
El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, ha generado controversia con los recientes ajustes en su equipo de Gobierno, realizando movimientos que han sido interpretados por algunos sectores como maniobras políticas en lugar de estrategias técnicas para mejorar la gestión municipal. Uno de los cambios más comentados es el nombramiento de la abogada Johana Catalina Latorre Alarcón como secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. Latorre Alarcón, quien previamente ocupaba el cargo de directora de Gestión Corporativa de la Terminal de Transportes, ha sido objeto de críticas por su falta de experiencia en el sector turístico y económico. A pesar de sus estudios en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario y su maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sectores de la oposición consideran que su perfil no se ajusta a las exigencias del cargo.
También ha causado polémica la designación del economista Rafael Albarracín Pérez como gerente de Gestión del Riesgo de Desastres. Albarracín Pérez, anteriormente jefe de la Oficina de Planeación del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso (Intrasog), es especialista en Alta Gerencia. Sin embargo, críticos cuestionan su idoneidad para un cargo que requiere conocimientos específicos en la prevención y mitigación de desastres, poniendo en duda la capacidad del alcalde para realizar nombramientos con criterios estrictamente técnicos. Otro nombramiento que ha generado reacciones divididas es el del ingeniero civil Camilo Andrés Castro Moreno como secretario del Hábitat. Previamente jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente de la Alcaldía, Castro Moreno cuenta con una especialización en Sistemas de Gestión QHSE de la Escuela Colombiana de Ingeniería. No obstante, algunos observadores consideran que el nombramiento responde a afinidades políticas más que a una evaluación objetiva de su desempeño y capacidades.
Estos cambios han generado un debate en la opinión pública, donde sectores afines a la administración defienden la necesidad de reorganizar el gabinete para mejorar la eficiencia gubernamental, mientras que la oposición denuncia una estrategia para consolidar lealtades y reforzar el control del alcalde sobre su equipo de trabajo. La posesión de los nuevos funcionarios está programada para el sábado primero de febrero en el consejo de Gobierno descentralizado en Villa de Leyva. Se espera que este evento sirva como plataforma para el alcalde Barón Granados a fin de justificar sus decisiones y responder a las críticas, en un contexto donde la ciudad enfrenta desafíos que requieren un liderazgo verdaderamente comprometido y competente.