Fueron 21 los presuntos integrantes de la red ilegal La Veracruz, dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales en el centro de Medellín, quienes fueron judicializados y enviados a la cárcel. Entre los detenidos se encuentra el señalado cabecilla y seis articuladores de las actividades criminales.
De acuerdo con la investigación, este grupo imponía cuotas semanales que oscilaban entre 10.000 y 100.000 pesos para permitir el desarrollo de actividades económicas en zonas como La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito. La estructura no solo se encargaba de la extorsión, sino también del microtráfico, consolidando un esquema jerárquico encabezado por Fred Alexander Molina Álvarez, considerado líder de la organización.
Modus operandi
Bajo sus órdenes operaban seis coordinadores de zona, identificados por las autoridades, quienes tenían como misión mantener el control territorial, ejecutar los cobros e intimidar a las víctimas. Según los testimonios, los afectados debían entregar sumas de dinero de manera periódica bajo amenazas y, en algunos casos, agresiones físicas.
Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo pasado, cuando un comerciante del sector San Benito denunció haber pagado cerca de 25 millones de pesos producto de las extorsiones. La presión llegó a tal punto que catorce hombres ingresaron a su local para exigirle el producido del día y amenazarlo de muerte. Este caso, junto a otros similares, se convirtió en una de las pruebas clave que permitieron avanzar en la judicialización del grupo.
Cargos imputados
La Fiscalía imputó a los capturados por concierto para delinquir, extorsión consumada y en grado de tentativa, además de hurto calificado, todos delitos agravados. Ninguno de los procesados aceptó los cargos, lo que abre paso a un juicio en el que se espera consolidar las pruebas recolectadas por las autoridades.
El golpe contra La Veracruz envía un mensaje contundente sobre la ofensiva contra las economías criminales que operan en el corazón de la capital antioqueña. Las autoridades señalaron que estas organizaciones afectan la vida diaria y la seguridad de miles de personas que transitan por los sectores más concurridos de Medellín.
La captura masiva de sus presuntos integrantes representa un avance significativo en la recuperación de espacios públicos y en la protección de quienes se ven obligados a trabajar bajo la sombra del miedo y la intimidación.