Un cargamento de carbón colombiano con destino a Israel ha generado controversia luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente su salida desde el puerto de Ciénaga, Magdalena. Aunque el mandatario sugirió que el envío podría contradecir la postura oficial del Gobierno frente al conflicto en Gaza, documentos de la Dirección General Marítima (Dimar) y la Agencia Nacional de Minería indican que la embarcación contaba con todas las autorizaciones requeridas para zarpar. El buque, de bandera extranjera, partió con más de 60.000 toneladas del mineral con destino al puerto de Ashdod, en una operación comercial programada desde semanas atrás por una empresa privada.
A pesar de la legalidad del procedimiento, el caso ha reavivado el debate sobre los límites entre decisiones diplomáticas y la autonomía del comercio exterior. Voceros del sector minero advierten que cambiar los destinos de exportación por razones políticas podría generar inseguridad jurídica y afectar la inversión en el país. Mientras tanto, la Cancillería ha evitado pronunciarse oficialmente sobre si se adoptarán medidas futuras para restringir el comercio con Israel, país con el que Colombia mantiene relaciones diplomáticas, aunque tensas. La situación ha puesto sobre la mesa el dilema entre los compro
