Un video divulgado el 29 de mayo muestra un violento acto de castigo en contra de una menor indígena de 17 años en el cabildo Gito Dokabu, en Pueblo Rico, Risaralda. Las imágenes muestran a dos hombres golpeando a la adolescente con tallos de caña, mientras una mujer la sostiene amarrada de las manos a una viga de madera. Brutal castigo a niña indígena genera repudio nacional: denuncian que se quitó la vida.
Los gritos de la joven pidiendo clemencia estremecen. A pesar de su dolor evidente, los agresores continúan azotándola hasta dejarla sin fuerzas en el suelo. En la vivienda estaban presentes otros menores y mujeres que no intervinieron.
El hecho generó rechazo masivo en redes sociales y en el Gobierno. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, calificó el acto como “injustificable” y advirtió que no puede ampararse en tradiciones culturales.
Autoridades activan ruta de atención y se exigen sanciones; Brutal castigo a niña indígena genera repudio nacional: denuncian que se quitó la vida
Tras conocer el video, la Gobernación de Risaralda y la Procuraduría Regional activaron la ruta de protección para la menor. La adolescente fue trasladada de inmediato al hospital Santa Mónica y permanece bajo vigilancia médica y psicológica.
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y AICO por la Pachamama emitieron un comunicado conjunto exigiendo sanciones. Señalan que ninguna práctica ancestral justifica la violencia y que la autonomía indígena no puede estar por encima de los derechos fundamentales.
“El hecho es una grave violación a los derechos humanos, espirituales y políticos de nuestros pueblos. ¡Nada justifica la violencia contra nuestras niñas!”, expresaron en su pronunciamiento.
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Fundación denuncia posible feminicidio: joven se habría quitado la vida
Diana Perafán, directora de la Fundación Virmec, denunció que la menor, tras el castigo, habría tomado la decisión de quitarse la vida. Aunque la información aún no ha sido confirmada oficialmente, la fundación pidió que se investigue el caso como un feminicidio.
“Esto no puede quedar impune. Vamos al Congreso a denunciar estos actos de barbarie que se cometen bajo la excusa de la autonomía indígena”, afirmó Perafán.
La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) avanzan en la investigación, mientras la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen justicia ejemplar.
