La Comisión Europea ha acusado a España de no eliminar las condiciones de empleo discriminatorias en los contratos de trabajadores interinos en el sector público. A través de una segunda carta de emplazamiento, la Comisión Europea solicita que España implemente correctamente la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contratos de duración determinada en la legislación nacional.
Bruselas advierte que los empleados interinos (con contrato de duración determinada) en el sector público español tienen condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, en comparación con los empleados fijos, según Europa Press.
La Comisión inició el procedimiento de infracción en 2014 porque cree que esto viola el Derecho comunitario. Aunque España ha modificado las normas desde entonces, sigue habiendo casos de discriminación.
La Comisión señala problemas de trato en el cálculo de la antigüedad, el derecho a ciertos permisos o el acceso a las trayectorias profesionales en su segunda carta de emplazamiento adicional.
Las autoridades españolas tienen un plazo de dos meses para corregir los errores y deficiencias mencionados por el Ejecutivo comunitario, o podrían dar un plazo de dos meses para que se implementen antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En julio pasado, el Tribunal Europeo de Justicia determinó que la transformación de los trabajadores interinos en trabajadores con contrato indefinido, en lugar de funcionarios, puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública, siempre y cuando «no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley».
El Tribunal Supremo tomó esta decisión solo un mes después de que decidiera que el acceso a la función pública sin pruebas u oposiciones «es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública» y rechazara la conversión automática y judicial de los interinos en fijos.
En junio, se acordó entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tomarán medidas para abordar el tema de los interinos una vez que los tribunales españoles emitan su opinión sobre la sentencia del TJUE.
