Redes de urbanizadores ilegales, con presuntos vínculos políticos, amenazan los bosques de galería y ponen en riesgo el agua de la capital caucana.
Cada metro de bosque destruido significa menos agua y más riesgo de desastre en Popayán.
En Popayán, la expansión de la urbanización ilegal ha puesto en grave riesgo los bosques de galería, ecosistemas estratégicos que protegen las fuentes hídricas, la biodiversidad y el equilibrio climático de la región. Mientras los negocios inmobiliarios avanzan, crecen también las denuncias ciudadanas frente a la aparente omisión de las autoridades encargadas de velar por el ordenamiento territorial y la protección ambiental.
Los bosques de galería, que bordean ríos y quebradas, cumplen funciones vitales: regulan el ciclo del agua, mitigan el cambio climático y sirven de hábitat a numerosas especies. Sin embargo, en zonas urbanas y periurbanas de la capital caucana, retroexcavadoras y maquinaria pesada arrasan con estos espacios para abrir paso a parcelaciones y proyectos residenciales sin licencias ni estudios técnicos.
Un caso reciente se registra en el norte de la ciudad, en un predio vinculado al médico EYDER BURBANO, donde se adelantan trabajos de descapote presuntamente destinados a la venta de lotes. Aunque vecinos han denunciado la situación, hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial de la CRC ni de la Alcaldía Municipal.
De acuerdo con fuentes comunitarias, detrás de estos procesos existen redes de urbanizadores ilegales que operan con respaldo de funcionarios y exfuncionarios de entidades como la CRC, Curadurías Urbanas, Planeación Municipal, Policía Ambiental, Procuraduría Ambiental y Personería Municipal. “Hasta cuándo la barbarie en nombre del billete”, cuestionó un líder ambiental que pidió reserva de identidad por motivos de seguridad.
Las consecuencias son múltiples: pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo hídrico con riesgos de inundaciones y sequías, y desplazamiento de comunidades rurales que ven cómo sus tierras agrícolas se convierten en urbanizaciones exclusivas. Este fenómeno, que algunos expertos denominan gentrificación rururbana, ya ha sido documentado en otros puntos del país como Villamaría (Caldas) y Clarete (Cauca).
Aunque la Ley 388 de 1998 establece que toda actuación urbanística debe ajustarse al Plan de Ordenamiento Territorial, las violaciones son frecuentes y las sanciones, prácticamente inexistentes. Para defensores ambientales, el problema trasciende lo técnico: se trata de un entramado político y económico que mantiene un “pacto de silencio” alrededor del negocio.
Organizaciones sociales insisten en la urgencia de aplicar medidas de planificación sostenible, fortalecer los mecanismos de control y promover campañas de educación ciudadana. De lo contrario, advierten, Popayán podría enfrentar una crisis ambiental de grandes proporciones.
PIE: Andres Maíz, gestor cultural.
