La Policía Metropolitana de Bogotá adelantó nueve diligencias de registro y allanamiento en viviendas, en las localidades de Barrios Unidos, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, en límites con el municipio de Soacha.
De acuerdo con lo anterior, estos resultados se pudieron dar, gracias a la información aportada de la ciudadanía, que fue recolectada por los investigadores, que permitieron identificar varias viviendas, los cuales venían siendo utilizados para el acopio de material bélico, la dosificación y la comercialización de los estupefacientes.
Cabe resaltar que, las viviendas intervenidas son reconocidas en el sector por la continua presencia de personas que cometen actos delictivos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.
Durante el desarrollo de las acciones operativas, se incautaron seis armas de fuego, una subametralladora, una pistola, tres revólveres, un arma hechiza y tres supresores de sonido. Además, 24 cartuchos para revólver calibre 38, 11 cartuchos de 9 mm, 3.500 gramos de estupefacientes, 1.000 gramos de droga sintética tusi, 1.000 gramos de clorhidrato de cocaína y 716 botellas de licor adulterado.
En ejecución del plan para combatir el hurto y homicidio, la SIJIN y el Comando elite de @PoliciaBogota ejecutaron 9 allanamientos, capturaron dos cabecillas y otros miembros de organizaciones multicrimen en Barrios Unidos, San Cristobal y Ciudad Bolívar.
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 28, 2023
Unidos cuidando a Bogotá https://t.co/XKkdie3XHt
Entre los capturados se encuentran alias ‘Nidia’ y ‘Chiqui’, quienes registran una trayectoria criminal de 5 y 10 años en la comisión de delitos relacionados con el tráfico y fabricación de estupefacientes y porte armas de fuego.
Te puede interesar: Joven murió tras lanzarse de un Transmilenio durante un atraco
Esta banda criminal comercializaba estupefacientes en puntos como discotecas, casas de lenocinio y hospedajes, ubicados en las zonas de tolerancia de estas localidades. Además, los investigadores lograron determinar que estos delincuentes eran los encargados de la comercialización de licor adulterado, lo que les generaría una renta criminal de $790 millones de pesos mensuales.




