Las tensiones entre Pakistán y Afganistán volvieron a aumentar después de que Islamabad informara que sus fuerzas realizaron nuevos ataques aéreos contra presuntos refugios de grupos armados en territorio afgano y que la operación dejó 22 presuntos insurgentes muertos.
Los ataques fueron realizados el 1 de octubre de 2026 en las provincias afganas de Kunar y Helmand, según las autoridades de ambos países. Pakistán aseguró que las operaciones estuvieron basadas en información de inteligencia y que tuvieron como objetivo instalaciones utilizadas por organizaciones militantes.
Sin embargo, la versión de Islamabad es disputada por el Gobierno talibán de Afganistán. Kabul aseguró que los bombardeos alcanzaron viviendas y provocaron la muerte de civiles, entre ellos mujeres y niños. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó posteriormente la muerte de al menos 10 civiles, la mayoría menores de edad, además de nueve personas heridas.
La diferencia entre las versiones vuelve a poner de manifiesto la gravedad de la crisis entre los dos países vecinos, que durante 2026 han protagonizado enfrentamientos fronterizos, ataques aéreos y difíciles negociaciones diplomáticas.
Pakistán asegura que destruyó refugios de grupos armados
El Ministerio de Información de Pakistán afirmó que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo ataques aéreos «bien planificados y calibrados» contra campamentos y refugios de grupos que Islamabad considera responsables de actividades terroristas.
De acuerdo con la versión pakistaní, los objetivos se encontraban en dos lugares de Afganistán y fueron seleccionados a partir de lo que las autoridades describieron como información de inteligencia creíble.
Islamabad señaló que los ataques estaban dirigidos contra integrantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y grupos armados vinculados a la insurgencia en la provincia de Baluchistán. Las autoridades afirmaron que los primeros reportes indicaban que 22 militantes habían muerto y que también fueron destruidas importantes cantidades de armas y municiones.
El Gobierno pakistaní sostiene que su objetivo es impedir que organizaciones armadas utilicen territorio afgano para preparar ataques contra ciudadanos, policías y militares dentro de Pakistán.
No obstante, la cifra de 22 muertos corresponde a la versión presentada por Islamabad y no ha podido ser verificada de manera independiente.
Kabul denuncia la muerte de civiles
La respuesta del Gobierno talibán fue completamente diferente.
El portavoz Zabihullah Mujahid aseguró que los bombardeos destruyeron tres viviendas y dejaron nueve personas muertas y 11 heridas, entre ellas mujeres y niños.
Según la versión afgana, los ataques ocurrieron en Shultan, en la provincia de Kunar, y Garmser, en Helmand. Kabul calificó la operación pakistaní como una agresión y acusó a Islamabad de violar principios internacionales al realizar ataques dentro de Afganistán.
Las acusaciones sobre víctimas civiles adquirieron mayor peso después de que Naciones Unidas realizara su propia evaluación preliminar.
La UNAMA confirmó que al menos 10 civiles murieron, la mayoría de ellos niños, y que otras nueve personas resultaron heridas. La organización también recordó que apenas una semana antes había documentado otras víctimas civiles en un ataque ocurrido en Kunar.
La ONU pidió a ambas partes reducir la escalada, retomar el diálogo y respetar las obligaciones establecidas por el derecho internacional, especialmente las relacionadas con la protección de la población civil.
Una frontera convertida en escenario de enfrentamientos
Los nuevos ataques no son un episodio aislado.
Pakistán y Afganistán comparten una frontera de aproximadamente 2.600 kilómetros, conocida como la línea Durand. La frontera ha sido durante décadas una de las zonas más inestables del sur de Asia.
La situación se agravó considerablemente después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021. Aunque Pakistán había mantenido históricamente vínculos cercanos con sectores del movimiento talibán, la relación comenzó a deteriorarse debido, principalmente, a las acusaciones sobre grupos armados que operan desde territorio afgano.
Islamabad acusa al TTP de utilizar Afganistán como refugio para organizar ataques contra Pakistán. Kabul rechaza estas acusaciones y sostiene que la violencia protagonizada por el TTP constituye un problema interno de Pakistán.
El TTP, también conocido como los talibanes pakistaníes, es una organización distinta del movimiento talibán que gobierna Afganistán, aunque ambos grupos mantienen vínculos históricos, ideológicos y personales.
El TTP está en el centro de la disputa
El Tehreek-e-Taliban Pakistan se formó en 2007 a partir de diferentes facciones militantes pakistaníes.
Durante años ha realizado ataques contra las fuerzas de seguridad, instituciones estatales y otros objetivos dentro de Pakistán. La organización también ha mantenido vínculos históricos con sectores del movimiento talibán afgano.
Uno de los momentos decisivos de la actual crisis ocurrió en noviembre de 2022, cuando se rompió un alto el fuego entre el TTP y el Gobierno pakistaní. Desde entonces, los ataques contra las fuerzas de seguridad aumentaron considerablemente.
Islamabad considera que una parte importante de los combatientes del TTP encuentra refugio al otro lado de la frontera y acusa al Gobierno talibán de no actuar contra ellos.
Las autoridades afganas, por su parte, niegan que estén proporcionando refugios para que los militantes ataquen Pakistán.
La violencia también ha aumentado dentro de Pakistán
La ofensiva aérea pakistaní se produjo después de una nueva cadena de ataques contra las fuerzas de seguridad dentro del país.
En septiembre, un ataque contra un complejo policial en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dejó al menos 31 muertos, entre ellos 16 policías, además de más de un centenar de heridos, según las autoridades citadas por AFP.
Días después, el 28 de septiembre, un atentado suicida contra un puesto policial en Dera Ismail Khan dejó 12 muertos y alrededor de 35 heridos. Posteriormente, el TTP reivindicó la responsabilidad por ese ataque, de acuerdo con Associated Press.
Estos hechos son utilizados por Islamabad para justificar la necesidad de ampliar las operaciones contra los grupos armados que considera responsables de la violencia.
Para el Gobierno pakistaní, el problema no puede resolverse únicamente mediante operaciones dentro de sus fronteras si los grupos militantes mantienen bases o redes logísticas en Afganistán.
Los bombardeos llegan después de una semana de nuevos ataques
La ofensiva del 1 de octubre ocurrió apenas unos días después de otra operación aérea pakistaní.
El 21 de septiembre, aviones pakistaníes atacaron lo que Islamabad describió como refugios de militantes en el este de Afganistán. En esa ocasión, funcionarios pakistaníes afirmaron que habían muerto 28 presuntos militantes, mientras que las autoridades afganas informaron de al menos tres civiles muertos y cuatro heridos.
La UNAMA también confirmó las víctimas civiles de aquel episodio.
La repetición de ataques en un periodo tan corto demuestra que la relativa calma registrada durante algunos meses no significó el final de la confrontación.
La ONU advierte de más de 1.100 víctimas civiles en 2026
Uno de los elementos más preocupantes de la actual escalada es el impacto acumulado sobre la población afgana.
La UNAMA informó el 1 de octubre que ha documentado más de 1.100 muertes y lesiones de civiles en Afganistán durante 2026 relacionadas con la violencia armada transfronteriza.
La cifra incluye las consecuencias de diferentes episodios de enfrentamientos y ataques a lo largo de la frontera, por lo que no corresponde exclusivamente a los bombardeos del 1 de octubre.
La organización internacional ha insistido en la necesidad de aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, especialmente cuando las operaciones militares se desarrollan cerca de zonas habitadas.
El problema resulta especialmente delicado en regiones rurales y montañosas donde las comunidades civiles viven cerca de instalaciones militares o de zonas utilizadas por grupos armados.
Una crisis que ya había provocado cientos de víctimas
La actual escalada tiene antecedentes recientes mucho más graves.
En febrero de 2026, Pakistán y Afganistán entraron en uno de los periodos de enfrentamientos más intensos desde el regreso de los talibanes al poder.
Pakistán lanzó una serie de ataques contra objetivos que identificó como instalaciones de grupos militantes en Afganistán. Kabul respondió con ataques contra posiciones pakistaníes.
La intensidad de los combates llevó incluso al ministro de Defensa de Pakistán a describir la situación como una «guerra abierta» entre los dos países.
Los enfrentamientos posteriores provocaron centenares de víctimas y obligaron a los dos Gobiernos a recurrir a diferentes mecanismos de mediación.
Los ataques de junio también dejaron numerosas víctimas
La confrontación volvió a mostrar su impacto sobre la población civil a finales de junio.
El 28 de junio, Pakistán confirmó operaciones aéreas en las provincias afganas de Paktya, Paktika y Kunar. En esa ocasión, la UNAMA informó de al menos 28 civiles muertos y 49 heridos.
De acuerdo con Naciones Unidas, entre las víctimas había mujeres y niños. En uno de los ataques, ocurrido en el distrito de Chamkani, en Paktya, murieron al menos 22 civiles y otras 47 personas resultaron heridas.
Estos antecedentes ayudan a explicar por qué el nuevo ataque del 1 de octubre ha generado preocupación internacional.
China ha intentado mediar entre Islamabad y Kabul
La escalada militar se produce además después de varios intentos diplomáticos para contener el conflicto.
China asumió un papel relevante como mediador durante 2026. Beijing buscó acercar a los Gobiernos de Pakistán y Afganistán y facilitar conversaciones destinadas a reducir los enfrentamientos.
En abril, representantes de ambos países se reunieron en Urumqi, en China, para intentar alcanzar una salida negociada al conflicto. Las conversaciones buscaban establecer mecanismos para reducir los ataques transfronterizos y abordar la principal demanda de Islamabad: garantías verificables de que el territorio afgano no sería utilizado para lanzar operaciones contra Pakistán.
China informó posteriormente que ambas partes habían acordado explorar una solución integral al conflicto y evitar acciones capaces de agravarlo.
Sin embargo, la reanudación de los ataques demuestra la fragilidad de esos esfuerzos.
Pakistán y Afganistán, de aliados a rivales
La transformación de la relación entre ambos países es uno de los elementos centrales para comprender la crisis.
Durante décadas, Pakistán mantuvo relaciones estrechas con el movimiento talibán afgano y desempeñó un papel importante en la historia política y militar de Afganistán.
Pero después de que los talibanes regresaran al poder en 2021, las relaciones comenzaron a deteriorarse.
El problema principal pasó a ser la seguridad fronteriza.
Pakistán considera que Afganistán está permitiendo que grupos armados utilicen su territorio para atacar intereses pakistaníes. Kabul rechaza esa acusación y acusa a Islamabad de intentar trasladar al territorio afgano sus propios problemas de seguridad.
La disputa también está relacionada con la propia frontera. Afganistán históricamente ha cuestionado la legitimidad de la línea Durand, mientras que Pakistán la considera su frontera internacional con Afganistán.
¿Qué puede ocurrir después de los nuevos bombardeos?
La principal preocupación es que los ataques generen una nueva cadena de represalias.
La dinámica observada durante 2026 ha seguido, en términos generales, un patrón de ataques dentro de Pakistán, acusaciones contra grupos con presencia en Afganistán, operaciones militares pakistaníes y posteriores respuestas afganas.
Cada nueva operación aumenta el riesgo de que el conflicto deje de estar limitado a ataques contra presuntos grupos armados y se transforme en un enfrentamiento directo entre fuerzas de ambos Estados.
La situación también puede afectar el comercio y el tránsito fronterizo. Los pasos entre los dos países son importantes para el movimiento de personas y mercancías, por lo que los cierres o restricciones derivados de los enfrentamientos pueden tener consecuencias económicas para comunidades que dependen del intercambio fronterizo.
Una escalada con versiones enfrentadas
Por ahora, uno de los aspectos más importantes de la información es que no existe una cifra única y verificada sobre las víctimas de los bombardeos del 1 de octubre.
Pakistán sostiene que 22 presuntos insurgentes murieron y que fueron destruidos depósitos de armas y municiones.
Afganistán afirma que los ataques provocaron la muerte de civiles y destruyeron viviendas.
Naciones Unidas, por su parte, confirmó 10 civiles muertos y nueve heridos, la mayoría de los fallecidos menores de edad. La ONU no confirmó la cifra pakistaní de 22 militantes muertos.
Por ello, la cifra de 22 debe atribuirse directamente a las autoridades pakistaníes y no presentarse como un balance independiente.
Lo que sí está confirmado es que los ataques representan una nueva escalada de la confrontación entre Pakistán y Afganistán, en un momento en el que los esfuerzos diplomáticos para contener la violencia todavía no han conseguido establecer una solución duradera.
La advertencia de Naciones Unidas es clara: mientras Islamabad y Kabul mantengan sus acusaciones cruzadas y recurran nuevamente a la fuerza, la población que vive en las zonas fronterizas continuará expuesta a una violencia que ya ha dejado un elevado número de víctimas durante 2026.
