Este sábado 22 de noviembre de 2025, la Policía Federal de Brasil ejecutó una orden de prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro, tras detectarse lo que el tribunal consideró un riesgo inminente de fuga. Según la Corte Suprema, el arresto se ordenó luego de que se registrara una “violación del equipo de seguimiento electrónico” que Bolsonaro debía llevar, lo que implica un posible intento de evadir su cumplimiento de condena.
Bolsonaro, de 70 años, había estado bajo arresto domiciliario desde agosto, con una pulsera electrónica que monitoreaba sus movimientos. Sin embargo, la Corte Suprema, en una decisión firmada por el juez Alexandre de Moraes, ordenó su traslado a una dependencia de la Policía Federal en Brasilia, con el argumento de garantizar el orden público y evitar que su arresto doméstico pudiera facilitar su huida.
La orden judicial señala además que el arresto debe realizarse “con todo el respeto a la dignidad” de Bolsonaro: sin esposas y sin exposición mediática, según declaró el magistrado. Esto refleja la tensión entre las medidas de seguridad y la necesidad de mantener ciertos protocolos legales incluso para un expresidente.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio: Bolsonaro fue condenado recientemente a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un plan golpista tras perder las elecciones de 2022. Los cargos incluyen intento de golpe de Estado, abolición del estado de derecho, organización criminal armada y daños a bienes públicos, entre otros.
De acuerdo con las fuentes policiales y judiciales, la decisión de arrestarlo surgió luego de que se detectara que el dispositivo de monitoreo electrónico —la tobillera— había sido manipulado. Además, la orden de detención responde al temor de que pudiera aprovechar una manifestación convocada frente a su domicilio para escapar; dicha manifestación fue convocada por uno de sus hijos, según documentos judiciales.
Otro factor que aparentemente motivó la preocupación del tribunal fue la ubicación estratégica de la residencia de Bolsonaro: está relativamente cerca de la embajada de Estados Unidos en Brasilia, lo cual podría facilitar un eventual asilo o fuga diplomática, según consideraron los jueces.
Los medios locales también informan que esta detención no necesariamente marca el inicio inmediato de su reclusión definitiva en prisión, sino que es una medida preventiva para garantizar la seguridad jurídica y el orden. Hasta ahora, no se ha comunicado públicamente cuál será la dependencia exacta donde Bolsonaro cumplirá esta orden preventiva.
Este suceso marca un nuevo capítulo en la fuerte polémica judicial y política en Brasil, donde Bolsonaro ha sido una figura divisiva. Para sus partidarios, su encarcelamiento es un acto de persecución política; para sus adversarios, representa un avance en la rendición de cuentas por su papel en el intento de desestabilizar la democracia.
