El Gobierno de Cuba volvió a llevar ante las Naciones Unidas su denuncia contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, en un contexto marcado por el deterioro de la economía cubana, la escasez de combustible y las crecientes dificultades para garantizar servicios esenciales.
La Habana sostiene que las medidas estadounidenses han provocado pérdidas económicas multimillonarias y han agravado problemas que afectan directamente a sectores como la energía, la salud, la alimentación, el transporte, la agricultura, el turismo y las operaciones financieras.
El tema vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional mientras se aproxima el debate anual de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo estadounidense contra Cuba. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, se reunió el 29 de septiembre de 2026 con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y ambos abordaron, entre otros asuntos, la situación humanitaria de la isla y las expectativas de Cuba frente al próximo debate sobre el embargo.
Cuba calcula en más de 8.800 millones de dólares las pérdidas de un año
Uno de los principales argumentos presentados por el Gobierno cubano es el impacto económico acumulado de las restricciones estadounidenses.
Durante el debate celebrado en Naciones Unidas en julio de 2026, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que los daños atribuidos por Cuba al bloqueo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 alcanzaron los 8.830 millones de dólares a precios corrientes.
Según las cifras expuestas por el Gobierno cubano, el monto representa un incremento de aproximadamente 7 % frente al periodo anterior. Rodríguez también situó el daño acumulado desde la imposición inicial del embargo en unos 178.700 millones de dólares a precios corrientes.
Estas cifras corresponden a cálculos elaborados por las autoridades cubanas y forman parte de la documentación que La Habana utiliza para sustentar su petición de que Estados Unidos ponga fin a las medidas económicas.
El Gobierno cubano sostiene que el impacto no se limita a la posibilidad de comerciar directamente con Estados Unidos. Según su argumento, las restricciones también dificultan las operaciones con empresas, bancos y proveedores de terceros países debido a los efectos extraterritoriales de determinadas normas estadounidenses.
¿Qué es el bloqueo que denuncia Cuba?
El embargo estadounidense contra Cuba comenzó formalmente en la década de 1960 y con el paso de los años se convirtió en un amplio conjunto de restricciones comerciales, financieras y económicas.
La propia ONU lleva décadas tratando el asunto. La cuestión fue incorporada a la agenda de la Asamblea General en 1991, a petición de Cuba, y desde entonces el organismo ha aprobado numerosas resoluciones en las que reclama el levantamiento de las medidas.
Uno de los elementos centrales del sistema de sanciones es la legislación estadounidense conocida como Ley Helms-Burton, aprobada en 1996. Esta norma codificó buena parte del régimen de sanciones y estableció mecanismos con efectos sobre determinadas operaciones internacionales relacionadas con Cuba.
En particular, la aplicación del Título III de la legislación permite determinadas demandas en tribunales estadounidenses relacionadas con propiedades nacionalizadas después de la revolución cubana, una disposición que La Habana considera parte de la presión económica contra la isla.
El informe presentado por Cuba también cuestiona las consecuencias extraterritoriales de las medidas estadounidenses, debido a que empresas y bancos extranjeros pueden evitar determinadas operaciones con la isla para no exponerse a sanciones o restricciones dentro del sistema financiero estadounidense.
La crisis energética se convirtió en uno de los principales puntos de preocupación
La situación energética ocupa un lugar especialmente importante en las denuncias actuales de Cuba.
En los últimos meses, la isla ha enfrentado graves dificultades para garantizar el suministro de combustible necesario para generar electricidad, movilizar transporte y mantener actividades productivas.
Durante el debate de julio ante la Asamblea General, la delegación cubana sostuvo que las restricciones sobre el suministro de petróleo habían profundizado la crisis energética y afectado el funcionamiento de hospitales, escuelas, sistemas de distribución de agua, transporte público y actividades relacionadas con la producción y distribución de alimentos.
La situación también ha sido reconocida como una preocupación humanitaria por organismos de Naciones Unidas.
En mayo de 2026, el sistema de Naciones Unidas en Cuba alertó sobre la gravedad de la crisis energética y señaló que la falta de combustible estaba afectando servicios esenciales como la atención sanitaria, el suministro de agua y otras actividades básicas.
La crisis energética, por tanto, no se limita a la generación eléctrica. La escasez de combustible puede tener efectos en cadena sobre prácticamente toda la economía: desde el transporte de mercancías hasta la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y el abastecimiento de agua.
Salud, alimentos y servicios básicos, entre los sectores afectados
El Gobierno cubano también sostiene que las restricciones financieras y comerciales complican la adquisición de medicamentos, equipos médicos, materias primas y tecnologías necesarias para mantener el sistema sanitario.
En las discusiones de Naciones Unidas se ha señalado que las dificultades para acceder a combustible y determinados productos pueden afectar la cadena de suministro sanitario y otros servicios esenciales.
La propia documentación de Naciones Unidas sobre el embargo ha señalado que las restricciones pueden incrementar los costos de adquisición y obligar a organizaciones internacionales a buscar productos y proveedores alternativos fuera de Estados Unidos.
En su informe correspondiente al periodo anterior, el sistema de Naciones Unidas en Cuba explicó que algunos bienes, servicios y tecnologías producidos en Estados Unidos o vinculados con componentes y patentes estadounidenses no estaban disponibles para determinados proyectos. Esto obligaba a recurrir a proveedores de terceros países, con procesos de adquisición más complejos y, en algunos casos, mayores costos.
Esto es particularmente relevante para áreas como salud, alimentos, agua y saneamiento, energía, agricultura y tecnología.
La situación se agravó con las nuevas restricciones sobre el combustible
El escenario cambió de manera importante durante 2026 debido a nuevas medidas estadounidenses relacionadas con el suministro de petróleo a Cuba.
El 29 de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba y estableció mecanismos para imponer aranceles a productos procedentes de países que suministraran petróleo a la isla.
Cuba denunció la medida ante Naciones Unidas y afirmó que podía convertirse en una presión adicional sobre los países y empresas que mantienen relaciones energéticas con La Habana.
La medida generó además preocupación entre expertos de derechos humanos de Naciones Unidas.
Una comunicación de procedimientos especiales de la ONU expresó preocupación por los efectos de la orden estadounidense sobre derechos relacionados con el desarrollo, la alimentación, la educación, la salud, el agua y el saneamiento. El documento señaló que Cuba depende considerablemente de combustibles importados para mantener servicios esenciales.
Esto ha hecho que la discusión sobre el embargo deje de concentrarse únicamente en el comercio y las finanzas y pase también por la seguridad energética y las condiciones humanitarias.
La ONU ya ha votado repetidamente contra el embargo
La denuncia cubana cuenta con un respaldo mayoritario dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace décadas.
En la votación más reciente celebrada en octubre de 2025, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/80/4, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
El resultado fue de 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.
La votación significó una nueva mayoría internacional a favor del levantamiento del embargo.
Sin embargo, es importante precisar que las resoluciones de la Asamblea General sobre este asunto tienen carácter político y expresan la posición mayoritaria de los Estados miembros, pero no obligan jurídicamente a Estados Unidos a levantar unilateralmente el embargo.
Washington ha mantenido su propia posición y rechaza caracterizar sus medidas como un “bloqueo”. Estados Unidos sostiene que sus restricciones forman parte de una política de sanciones y presión sobre el Gobierno cubano y atribuye una parte importante de los problemas económicos de la isla a las decisiones internas de las autoridades cubanas.
Washington y La Habana mantienen posiciones completamente opuestas
La disputa entre ambos gobiernos no se reduce a una diferencia sobre cifras económicas.
Para Cuba, el embargo constituye uno de los principales obstáculos externos para el crecimiento económico y el bienestar de la población. La Habana considera que las sanciones buscan ejercer presión política sobre su sistema de gobierno y denuncia que las consecuencias terminan afectando a la población.
Estados Unidos, por su parte, sostiene que sus medidas están dirigidas contra el Gobierno cubano y que La Habana debe realizar cambios políticos y económicos.
Esta diferencia explica por qué las cifras sobre el impacto del embargo son objeto de una fuerte disputa política. Los 8.830 millones de dólares correspondientes al último periodo mencionado son una estimación presentada por el Gobierno cubano, no una cifra independiente calculada por Naciones Unidas.
Por ello, al analizar el impacto económico es necesario distinguir entre los datos aportados por La Habana, las evaluaciones de organismos internacionales y las posiciones oficiales de Washington.
El bloqueo también tiene efectos sobre la inversión y las finanzas
Otro de los argumentos de Cuba se relaciona con el sistema financiero internacional.
La Habana sostiene que las sanciones estadounidenses generan un efecto disuasorio sobre bancos y empresas de otros países que podrían tener negocios con la isla.
El problema es especialmente relevante para un país que necesita importar combustibles, alimentos, equipos, materias primas y tecnología.
Según las intervenciones realizadas en Naciones Unidas en julio, el Gobierno cubano afirmó que decenas de bancos extranjeros se habían negado a realizar operaciones relacionadas con Cuba y que numerosas transferencias internacionales habían sido bloqueadas. Estas afirmaciones fueron expuestas por las delegaciones que respaldaron la posición cubana durante el debate.
Para La Habana, estas restricciones aumentan los costos de las operaciones internacionales y reducen las posibilidades de conseguir financiación.
Al mismo tiempo, la economía cubana enfrenta problemas internos de productividad, falta de divisas, inflación, deterioro de infraestructura y dificultades para producir suficientes bienes y servicios. Por esa razón, el debate internacional sobre el embargo se desarrolla dentro de una crisis económica mucho más amplia.
Cuba también enfrenta problemas económicos internos
Aunque el Gobierno cubano atribuye una parte considerable de sus dificultades al embargo estadounidense, el contexto económico de la isla no puede explicarse exclusivamente por las sanciones.
Cuba ha experimentado durante los últimos años una fuerte contracción económica, problemas de abastecimiento, inflación y dificultades para obtener divisas.
El propio Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha anunciado reformas destinadas a modificar determinados aspectos del modelo económico y aumentar la participación de empresas privadas.
En julio de 2026, las autoridades cubanas presentaron un paquete de 176 medidas orientadas a transformar diferentes áreas de la economía, entre ellas la agricultura, el turismo y la energía. También se anunciaron cambios para facilitar determinadas importaciones privadas de combustible y medicamentos.
Esto demuestra que el debate económico cubano tiene dos dimensiones: por un lado, las consecuencias de las sanciones estadounidenses y, por otro, los problemas estructurales internos que el Gobierno intenta enfrentar mediante reformas.
La crisis humanitaria aumenta la presión internacional
La situación económica y energética ha incrementado la preocupación internacional por el impacto que las restricciones pueden tener sobre la población.
En febrero de 2026, Naciones Unidas informó que la crisis socioeconómica cubana se había profundizado en medio de las dificultades derivadas del embargo, los fenómenos climáticos extremos y las nuevas restricciones estadounidenses relacionadas con los envíos de petróleo.
El debate también ha adquirido una dimensión de derechos humanos debido a las consecuencias que pueden producir las restricciones sobre el acceso a medicamentos, alimentos, electricidad, agua y otros servicios.
Los expertos de Naciones Unidas que expresaron preocupación por la orden estadounidense de enero de 2026 indicaron que las consecuencias de la falta de combustible podían extenderse a prácticamente todos los sectores de la sociedad cubana.
¿Qué ocurrirá en la Asamblea General de la ONU?
El asunto volverá a ser discutido durante el actual periodo de sesiones de la Asamblea General.
La reunión entre el presidente de la Asamblea General y Bruno Rodríguez a finales de septiembre confirmó que Cuba está preparando su participación en el debate sobre el embargo.
La tendencia histórica indica que La Habana cuenta con un amplio respaldo dentro de Naciones Unidas. Sin embargo, una nueva resolución favorable a Cuba no significaría automáticamente el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
El verdadero desafío está en transformar el respaldo político internacional en cambios concretos en la relación entre Washington y La Habana.
Un conflicto que lleva más de seis décadas
El embargo estadounidense contra Cuba se mantiene como uno de los conflictos económicos y diplomáticos más prolongados del sistema internacional contemporáneo.
La Asamblea General comenzó a pronunciarse sobre el asunto de manera periódica desde 1991 y, durante décadas, la mayoría de los países ha respaldado resoluciones que piden terminar con las medidas estadounidenses.
Mientras tanto, las relaciones entre Washington y La Habana continúan marcadas por la desconfianza y por profundas diferencias políticas.
En 2026, la discusión ha adquirido una nueva dimensión debido a las restricciones sobre el combustible y al deterioro de la situación energética cubana. Para el Gobierno de Díaz-Canel, estas medidas constituyen una intensificación del bloqueo y una amenaza directa al funcionamiento de la economía y los servicios públicos.
Estados Unidos mantiene una interpretación completamente diferente y continúa utilizando las sanciones como instrumento de presión sobre las autoridades cubanas.
Así, el nuevo informe presentado por Cuba ante Naciones Unidas no representa únicamente una actualización de pérdidas económicas. Es también parte de una batalla diplomática que La Habana libra cada año para conseguir apoyo internacional contra el embargo y, al mismo tiempo, una respuesta a la nueva etapa de presión económica y energética que enfrenta la isla.
La próxima votación de la Asamblea General permitirá medir nuevamente el nivel de respaldo internacional a la posición cubana, aunque el resultado por sí solo no determinará el futuro de las sanciones. La cuestión central seguirá siendo si Washington y La Habana pueden avanzar hacia un proceso de diálogo capaz de reducir las restricciones y, paralelamente, si Cuba consigue implementar reformas internas que permitan enfrentar sus profundos problemas económicos.
