Para la congresista, los múltiples requerimientos incumplidos, la deficiente evaluación de la gestión y la falta de transparencia en la contratación fueron factores determinantes para la intervención.
La representante a la Cámara, Martha Alfonso, se pronunció sobre la intervención a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), asegurando que la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud responde a serias fallas administrativas, sanitarias y presuntos vicios de clientelismo. Alfonso indicó que “la USI tiene cerca de 1.300 contratistas y el 70% son de carácter administrativo en una entidad que presta servicios de salud”, lo que evidencia la posible politización de la entidad.
Para la congresista, los múltiples requerimientos incumplidos, la deficiente evaluación de la gestión y la falta de transparencia en la contratación fueron factores determinantes para la intervención. Afirmó que, aunque los estados financieros mostraban una ligera mejora a septiembre, el problema era más profundo, afectando estándares de calidad y habilitación.
Además, Alfonso mostró su respaldo a la llegada de Edilma Isabel Hurtado como la nueva interventora. “Esperamos que la doctora Edilma tenga un trabajo ejemplar que libre a la USI de la politiquería y de la corrupción”, expresó la representante, destacando la necesidad de un enfoque técnico en la gestión de la salud pública.
La congresista también respondió a las críticas dirigidas a Bernardo Camacho, superintendente de Salud, aclarando que la crisis de la USI está ligada a deudas históricas con la Nueva EPS, no a su gestión personal. Según Alfonso, la EPS dejó un “desorden monumental” que hoy afecta a múltiples hospitales del país.
