Una guerra judicial sin precedentes ha estallado entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República tras la disputa sobre la legalidad del trámite de la consulta popular, configurando una crisis institucional que amenaza con ser dirimida en los estrados judiciales en medio de acusaciones cruzadas de irregularidades.
El Senado mantiene su posición férrea asegurando que «se dio una votación legal» durante el hundimiento de la primera consulta y promete «demostrarlo en tribunales», mientras prepara su defensa jurídica ante lo que considera un ataque sistemático del Ejecutivo contra la autonomía legislativa.
El petrismo, por su parte, ha activado su maquinaria legal alegando la existencia de «un posible vicio» en el proceso legislativo que invalidaría toda la votación del Capitolio, argumentación que utilizan para justificar la amenaza del «nuevo decretazo» presidencial que desconocería la decisión congresional.
Esta batalla legal representa mucho más que una disputa procedimental, ya que se trata de «anticipar un llamado a urnas para que el progresismo mida fuerzas de cara a una eventual reelección» del proyecto político petrógrafo, convirtiendo la consulta en el termómetro electoral del futuro.
Delegados tanto del oficialismo como de la oposición están analizando minuciosamente «los tres momentos claves» del trámite capitolino, buscando evidencias que fortalezcan sus respectivas posiciones en una confrontación que definirá no solo el destino de la consulta, sino el equilibrio de poderes en la democracia colombiana.
