Tribunal de Cundinamarca admite acción popular para eliminar esquemas de seguridad de concejales en Bogotá.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que solicita la eliminación de los esquemas de seguridad asignados a los 45 concejales de Bogotá, argumentando que no existen estudios suficientes que demuestren un riesgo extraordinario para su vida en el ejercicio de sus funciones.
Acción Popular
En una decisión que podría tener amplias repercusiones para la administración distrital, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, que busca la eliminación de los esquemas de seguridad asignados a los concejales de Bogotá. Según el demandante, no existen estudios concluyentes que justifiquen la necesidad de estos esquemas, lo que, a su juicio, representa una posible vulneración al patrimonio público.
La demanda, que hace referencia al convenio 240467 suscrito entre la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda, cuestiona la asignación de 36 esquemas de seguridad al cabildo distrital, que incluyen camionetas blindadas y 17 uniformados de protección. Araque Blanco argumenta que estos esquemas de seguridad le cuestan al Distrito al menos 8.800 millones de pesos anuales, equivalentes a 28 millones de pesos mensuales por cada concejal protegido.
Respuesta del alto tribunal
“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió acción popular por presunta vulneración del patrimonio público en asignación de esquemas de seguridad a concejales de Bogotá, tras considerar que la demanda no cuestiona la legalidad de ningún contrato o acto administrativo específico, sino que se centra en la manera en que se están llevando a cabo los estudios de seguridad que permiten dicha asignación”, señala el documento de admisión de la demanda.
El alto tribunal ha dejado la ponencia en manos del magistrado César Giovanny Chaparro Rincón, quien tendrá la tarea de definir si los argumentos presentados por el accionante son suficientes para dictar una sentencia en el caso o si, por el contrario, la acción debe ser desestimada.
En su demanda, Araque Blanco también plantea que la asignación de estos esquemas de seguridad, financiados por el Distrito a través de la Secretaría de Hacienda, podría poner en riesgo la autonomía de los concejales al ejercer control político y realizar veeduría sobre las acciones del Distrito. “Los concejales beneficiados con los esquemas de seguridad no ejercerán el mismo control político ni cuestionarán de la misma forma la gestión de la Administración distrital”, sostiene el documento presentado por el abogado.
Criticas y preocupación
Además, se argumenta que la asignación automática de estos esquemas de seguridad, sin un soporte real que demuestre un riesgo extraordinario para cada concejal, es una práctica que debe ser revisada y corregida. El abogado solicita que, en adelante, se exija la demostración de un riesgo extremo o extraordinario antes de otorgar protección a cualquier concejal.
La admisión de esta acción popular abre un debate crucial sobre el uso de recursos públicos y la necesidad de una evaluación más rigurosa en la asignación de esquemas de seguridad a los funcionarios públicos en Bogotá.
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