La Procuraduría General de la Nación ha emitido un pliego de cargos contra Celia Yolanda Artunduaga Guañarita, extesorera del municipio de Saladoblanco durante el período 2020-2021.
La según el ente gubernamental, la investigación se centra en una presunta omisión grave en el manejo de las cuentas bancarias municipales, que habría resultado en el hurto de 49 millones de pesos destinados a programas para el beneficio del adulto mayor.
Falta de medidas de seguridad
En lo manifestado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Artunduaga Guañarita habría fallado en la implementación de medidas de seguridad adecuadas para el manejo del código de ingreso a las cuentas del municipio.
Esta negligencia permitió la realización de cuatro retiros digitales no autorizados, que fueron canalizados hacia dos particulares y una empresa, sin el consentimiento adecuado.
Gravedad de la negligencia
Para el organismo de control, la actuación de la extesorera refleja un “grado de negligencia y desidia tan grande que no puede ser justificado por ninguna circunstancia”.
La Procuraduría argumenta que Artunduaga Guañarita mostró un “desprecio absoluto” por las normas y obligaciones que debía cumplir. Este juicio se agrava considerando que días antes del hurto ya se había intentado realizar un retiro fraudulento, y la funcionaria no tomó medidas preventivas.
Consecuencias
La falta cometida por la extesorera ha sido calificada por la Procuraduría como una falta grave con culpa gravísima.
La entidad está considerando sanciones severas en respuesta a la gravedad del caso, que ha implicado una significativa pérdida de recursos destinados a programas esenciales para la comunidad, hasta el punto de trasladar el expediente a la Fiscalía General de La Nación, con el fin que se le inicie un proceso penal por esta situación.
Medidas futuras
Este caso pone en relieve la importancia de las prácticas de seguridad en la gestión de fondos públicos y destaca la necesidad de una vigilancia estricta en el manejo de recursos municipales. La comunidad de Saladoblanco y los beneficiarios de los programas para el adulto mayor han sido gravemente afectados por la pérdida de estos recursos.
Finalmente, el ente de control reveló que continuará con el proceso para determinar las responsabilidades definitivas y las sanciones correspondientes.
“El caso resalta la urgencia de reforzar los mecanismos de control y seguridad en la administración de fondos públicos para evitar futuros incidentes de esta naturaleza”, indicó la entidad.
La situación actual llama a una revisión profunda de las políticas de seguridad y gestión en las entidades locales, con el fin de proteger los recursos destinados al bienestar de los ciudadanos y garantizar la transparencia en la administración pública.
