La Fiscalía General de la Nación imputó a una azafata por presuntamente usar sus constantes vuelos al extranjero para ingresar de manera irregular una considerable suma de divisas al país. Lo llamativo no es solo el monto ni el método, sino que el proceso judicial tomó una década para llegar a un punto crucial. El episodio demuestra que la justicia colombiana parece ir en mula, mientras que el ingenio de los delincuentes va en avión.
La funcionaria, que durante años prestó sus servicios en cabinas de aerolíneas, habría violado las reglas establecidas por la DIAN para el ingreso de divisas en efectivo, excediendo los límites permitidos y sin la declaración correspondiente.
De acuerdo con el ente acusador, la suma irregular ingresada en tres contados superó con creces los 10.000 dólares que deben ser reportados por cualquier viajero al ingresar al país.
“Una fiscal de la Dirección contra el Lavado de Activos evidenció que entre el 24 y el 26 de marzo de 2015, en su calidad de azafata, la mujer viajó a México donde habría recibido 20.000 dólares que luego, se cree, entregó a uno de sus contactos en Bogotá. Por su parte, el 31 de marzo de 2015, en compañía de un hombre con quien tendría una relación sentimental, recogieron cada uno, 20.000 dólares en una casa de cambio de un aeropuerto en México al que arribaron en un vuelo procedente de Colombia. Finalmente, el 6 de abril del mismo año, en otro hecho detectado por la Fiscalía, la mujer habría coordinado con un auxiliar de vuelo con quien laboraba, recoger 20.000 dólares más en Nueva York (Estados Unidos). Suma que poco después tendría que entregar a uno de los integrantes de la red de lavado de activos”, comunicó al Fiscalía.
Curiosamente, mientras que para el común de los viajeros el control es estricto, parece que en el caso de la azafata se pudo hacer un aterrizaje perfecto y sin incidencias.
La procesada afrontará el proceso judicial en libertad, comunicó el ente acusador.
