El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta dará inicio formal al proceso de pérdida de investidura contra Oswaldo Avellaneda, expresidente de la Asamblea Departamental, por presunto incumplimiento u omisión de una sentencia emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Dicho fallo decretó la pérdida de investidura de Carlos Collazos, actual diputado del Meta, por irregularidades cometidas durante su periodo como concejal de Villavicencio.
Denuncia
La decisión judicial establecía que Collazos estaba inhabilitado para aspirar a la Asamblea Departamental, pero, según la denuncia, Avellaneda, en su calidad de presidente de la Asamblea en ese momento, no adoptó ninguna medida frente al fallo, lo que habría permitido que Collazos continuara en el cargo.
La investigación estará a cargo de la magistrada Teresa Herrera Andrade, quien asumirá el caso tras ser asignado por reparto. La magistrada ya ha solicitado información a la Secretaría General de la Asamblea Departamental sobre las acciones o decisiones tomadas por Avellaneda frente al fallo emitido por el Consejo de Estado.
Caso
La controversia tiene su raíz en la sentencia emitida por el Consejo de Estado, que declaró la pérdida de investidura de Carlos Collazos al determinar que este incurrió en una causal de inhabilidad cuando aspiró a la Asamblea del Meta. Según la norma, cualquier persona que haya sido condenado por faltas graves durante el ejercicio de un cargo público no puede acceder a cargos de elección popular.
El abogado Saúl Villar Jiménez, quien promovió la pérdida de investidura de Collazos, presentó la demanda contra Oswaldo Avellaneda. Según Villar, Avellaneda, en su rol de presidente de la Asamblea, omitió cumplir con la sentencia, lo que representaría una falta grave al no acatar las órdenes judiciales de una alta instancia como el Consejo de Estado.
Implicaciones
La pérdida de investidura es considerada la “muerte política” para cualquier servidor público, dado que implica la inhabilitación para ejercer cargos de elección popular de manera definitiva. De confirmarse que Avellaneda incumplió con sus deberes legales como presidente de la Asamblea, el proceso podría tener consecuencias graves para su carrera política.
El proceso, que comenzará de fondo en los próximos días, buscará determinar si efectivamente Oswaldo Avellaneda incurrió en una falta al no ejecutar la decisión del Consejo de Estado. La magistrada Teresa Herrera Andrade, encargada de la investigación, tendrá acceso a documentos y testimonios que permitan esclarecer si hubo una omisión intencional o negligente por parte del expresidente de la Asamblea.
Este proceso pone nuevamente en el centro del debate el rol de los servidores públicos en el cumplimiento de la ley y la necesidad de garantizar que las instituciones actúen conforme a los principios de justicia. La controversia no solo afecta la imagen de Avellaneda, sino que también podría impactar la percepción pública sobre la transparencia en el funcionamiento de la Asamblea Departamental del Meta.
